SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles instar al Gobierno de la Junta a que, en la próxima regulación del servicio de ayuda a domicilio, se establezca que el precio de la hora de trabajo sea de 18 euros, como mínimo, adaptando la cuantía al aumento anual del IPC, tal y como recoge una proposición no de Ley (PNL) de Podemos que en este punto ha recabado el respaldo del PP-A y de IU, el rechazo del PSOE-A y la abstención de Cs.
En virtud de la iniciativa, que ha tenido diferentes apoyos en su articulado, y con vistas a la próxima regulación del servicio de ayuda a domicilio, desde el Parlamento se pide a la Junta que se tenga en cuenta el entorno real en que se desempeña la prestación del servicio y se regulen las obligaciones, los derechos y los deberes no sólo de las personas usuarias directas del servicio, sino de la unidad de convivencia.
Asimismo, que se excluyan como actuación básica las limpiezas generales y de choque, así como la limpieza cotidiana de la vivienda como actuación de carácter doméstico, y que se utilice el término de horas de atención mensual para determinar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio, que es el módulo asistencial de carácter unitario cuyo contenido se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/o personal. El Parlamento ha acordado que dicha intensidad nunca deba ser inferior a una hora diaria.
Ha sido rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y de Cs, el respaldo de IU y la abstención del PP-A, un punto que instaba a la Junta a que, en el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, en proceso de elaboración por la Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales, se refleje que el tipo de gestión del servicio de ayuda a domicilio es público, así como la titularidad pública del centro en el que se presta.
Y también otro, con el rechazo del PSOE-A, la abstención del PP-A y Cs y el apoyo de IU, que emplazaba al Gobierno andaluz, en relación a los centros de titularidad privada en el caso de la gestión indirecta, que exija que las entidades acreditadas y aquellas que quieran acreditarse como entidades prestadoras del servicio de ayuda a domicilio cumplan todas las cláusulas, las obligatorias y las recomendadas, de la Guía para la inclusión de las cláusulas sociales y medioambientales de la Junta de Andalucía.
Sí se ha aprobado que el Parlamento pida a la Junta regular que las empresas concesionarias garanticen las ayudas técnicas y herramientas de trabajo necesarias para el correcto desempeño de las funciones de las profesionales.
Finalmente, la Cámara ha emplazado al Gobierno andaluz con esta PNL a redactar e implementar un protocolo de comunicación y de actuación, dadas las diversas realidades en materia de salud que se atienden.
En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Podemos Andalucía Jesús Romero ha destacado que el servicio de ayuda a domicilio es uno de los programas más demandados por la población andaluza en situación de dependencia.
Así, ha concretado que se calcula que en Andalucía hay en torno a 62.000 personas que son beneficiarias de este programa, cifra que representa más del 30 por ciento del total nacional de las destinatarias.
El diputado de Podemos ha incidido en que la finalidad del servicio de ayuda a domicilio es "establecer medidas preventivas, formativas y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales, con el objetivo de atender a las personas dependientes, previamente reconocidas por la Junta de Andalucía, en las actividades básicas diarias en las que precisen ayuda, como puede ser el caso de la higiene, la movilidad o la alimentación, entre otras muchas necesidades".
Tras subrayar que el servicio de ayuda a domicilio debe prestarse "en unas condiciones dignas, tanto para personas beneficiarias como para los trabajadores especializados", Romero ha alertado de que el servicio "está debilitándose por la aparición de una competencia de mercado voraz y una progresiva precarización de las condiciones laborales de los profesionales" que lo prestan, que "en un amplio número de casos no llegan a percibir una remuneración superior al salario mínimo interprofesional", ni "tampoco ven actualizado su salario".
GRUPOS
Para posicionar al PSOE-A, la diputada Soledad Pérez ha afirmado que las "irregularidades e incumplimientos" que se han planteado en este debate "se tienen que denunciar", toda vez que ha señalado, más allá del papel de la administración, "las responsabilidades de las empresas o de la inspección de trabajo". Además, ha afeado al PP-A que hable de dignidad de salario o de condiciones dignas, "y se olvida de decir que la reforma laboral que permite que las empresas se descuelguen de los convenios colectivos ha sido del PP".
Por el PP-A ha intervenido la diputada Ana Vanessa García, quien ha criticado que en Andalucía "seguimos siendo líderes en lista de espera" para las prestaciones de la Ley de Dependencia y "hay 33.000 andaluces que están esperando ser valorados", tras lo que ha apuntado que, en relación al servicio de ayuda a domicilio, que "necesita una nueva regulación", el Gobierno andaluz "prefiere ponerse de perfil". Además, ha aludido a los "sueldos de miseria" de las trabajadoras que prestan este servicio, y que están "bendecidos" por el Ejecutivo autonómico, según ha censurado.
En representación de Ciudadanos (Cs), la parlamentaria Marta Bosquet ha indicado que, "en principio", desde su grupo entendían que esta PNL "podría estar bien" y no dudan de que Podemos la habrá traído al Pleno "con la mejor de las intenciones", pero, "tal como está expuesta, a veces resulta incomprensible, imprecisa y, en algunos puntos, contradictoria", como, a su juicio, se evidencia en los puntos 1 y 2.
Por último, por IULV-CA, la diputada María del Carmen Pérez cree que la iniciativa "plasma una realidad sustanciada por un trabajo que está feminizado y donde se necesita realmente una intervención política y pública para mejorar este servicio". "Es necesario mejorar las condiciones de trabajo" de este sector, ha agregado antes de pedir que se establezca un salario mínimo por hora "para acabar con la discriminación".
