La IGAE reconoce que el principal informe de la Intervención General de la Junta sobre el sistema no recoge recomendaciones o instrucciones a IFA/IDEA
SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Peritos de parte propuestos por las defensas de algunos de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados de malversación y prevaricación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos han coincidido en señalar que las competencias para la resolución de los expedientes de concesión de las ayudas investigadas eran del director general de Trabajo.
Así lo ha manifestado en la sesión de este miércoles del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla tanto el catedrático Juan Antonio Carrillo como José Ignacio López, peritos propuestos por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, respectivamente.
Para López, la jurisprudencia dice que los decretos de organización de las consejerías son normas "desconcentradora" de competencias y "limitan" éstas. Así, la resolución de expedientes de las ayudas está atribuida a la Dirección General de Trabajo.
Con anterioridad, Carrillo ha explicado que los entes públicos, como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tienen que estar adscritos "orgánicamente" a una consejería u otro ente, pero las competencias de éstos son "únicas" y fijadas en sus estatutos, precisando a este respecto que IFA/IDEA "no puede resolver expedientes cuya resolución está atribuida a la Consejería de Empleo".
Al hilo de esto y a preguntas del abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, Carrillo ha continuado abordando este asunto y ha recordado que, como "ha venido sosteniendo" durante las seis semanas que dura ya la prueba pericial y que previsiblemente terminará este viernes, la Dirección General de Trabajo "ha tenido siempre" la competencia para resolver las ayudas sociolaborales, pero no por delegación de competencias sino por desconcentración de éstas". En este sentido, desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha defendido durante la prueba pericial que no existía delegación expresa de competencias para la concesión de ayudas y que éstas eran del consejero de Empleo.
Durante la sesión de este jueves, la 119 del juicio, y a través del interrogatorio de la defensa del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y del abogado defensor de Viera se ha vuelto a debatir el marco normativo de las ayudas investigadas.
LA ORDEN DE 1995: AYUDAS A TRABAJADORES Y A EMPRESAS
Así, Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la IGAE, ha señalado este miércoles que la Orden de 1995 por la por la que se determinaba las ayudas que podía conceder el Ministerio de Trabajo a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas "podía ser aplicable", precisando que ésta "tenía requisitos, no muchos, pero tenía, como la existencia de crédito adecuado" para su financiación.
Cabe recordar que para la IGAE el marco normativo que se aplicó fue el subvencional. Por contra, los peritos López y Carrillo han defendido que la Orden Ministerial de 1995 era la normativa aplicable, añadiendo en la sesión de hoy que daba cobertura a las ayudas sociolaborales a trabajadores y a las ayudas a empresas.
De otro lado, Turrión ha expuesto que la Junta "asumía" con las ayudas de los ERE "las obligaciones de las empresas en cuanto a la indemnización por despido de los trabajadores".
"Por regla general el objeto de las subvenciones investigadas era la cobertura de la indemnización por despido, como se recogía en los acuerdos entre empresas y trabajadores, donde se contemplaba el plan de renta financiado por la Junta", ha afirmado, no pudiendo precisar el porcentaje destinado en cada ayuda por parte del Gobierno andaluz, cuestión que analiza la IAGE en cada expediente de ayuda, que "no ofrecían forma de ver qué porcentaje era pues la documentación está dispersa, fragmentada o incompleta".
Además, ha subrayado que los acuerdos entre empresa y trabajadores recogían un epígrafe sobre indemnizaciones que decía que éstas consistían en un plan de renta financiadas por la Junta, "por eso decimos que las ayudas de los ERE son ayudas a empresas", ha recordado Turrión.
ACELERÓN EN LOS INTERROGATORIOS
Las reiteradas llamadas a reconducir la prueba y a no hacer por parte de las defensas cuestiones ya abordadas "hasta la saciedad" han surtido efecto en la sesión de este jueves, en la que las defensas de los ex secretarios generales técnicos acusados, Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado, han realizado pocas preguntas o ninguna en el caso de los abogados del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y del ex director general de Trabajo Juan Márquez, quienes han agradecido el esfuerzo de los peritos.
También ha sido el turno este jueves del abogado Miguel Delgado, que defiende al que fuera director general de IFA/IDEA desde 2004 hasta 2008, Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Delgado ha preguntado a Turrión por el informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA correspondiente al ejercicio de 2003 y conocido en 2005, elaborado por la Intervención General de la Junta tras analizar una veintena de expedientes de ayudas, y en el que se recoge, entre otras conclusiones, que se estaban dando subvenciones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y sin control previo.
En este sentido, Turrión ha reconocido que en el informe clave en este proceso judicial "no han visto indicación o instrucción a IFA/IDEA" tras las irregularidades detectadas, si bien, ha precisado que el ente público era uno de los destinatarios de dicho informe.
La primera pregunta de Miguel Delgado ha provocado "un profundo malestar" en los peritos de la IGAE al referirse a ellos "como peritos de la parte acusadora", lo que ha motivado que Turrión haya recordado que son peritos de auxilio judicial y que "nunca han aceptado un encargo como perito de la acusación". "No somos parte del procedimiento, ni defensa ni acusación, sólo ayuda para sus señorías", ha añadido.
El letrado, "sin ánimo de polemizar" y pidiendo disculpas a Turrión, ha subrayado que todos los peritos son "de auxilio judicial". Posteriormente el abogado ha cuestionado a Turrión por "coincidencias" entre algunas preguntas de los interrogatorios de la juez instructora Mercedes Alaya y sus informes, una pregunta "irrelevante" para el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña.
"Si nos reuníamos con ella no era para hablar de fútbol, sino para recibir indicaciones del cometido que teníamos. No le avanzamos nada de la investigación ni le entregamos borradores de la misma", ha afirmado Turrión.
La prueba pericial, tras la sesión de este jueves, está llegando a su fin, que previsiblemente tendrá lugar este viernes, después de seis semanas. Aún quedan por interrogar a los peritos las defensas del exjefe del Gabinete Jurídico Francisco Del Río, del ex director general de IFA/IDEA Jacinto Cañete y del ex interventor general Manuel Gómez, que lo harán este viernes, en una sesión que dará comienzo a las 09,30 horas.
