SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los peritos de partes propuestos por las defensas de cinco de los 22 ex altos cargos acusados en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos han señalado este miércoles que la Consejería de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos no era "un colegio de sumos sacerdotes" que podía hacerlo todo para parar el sistema de concesión de ayudas
La sesión de este miércoles ha estado marcado por el último bloque de preguntas del Ministerio Fiscal a los nueve peritos sobre "qué pudo hacer" cada uno de los 22 acusados, entre ellos el exconsejero de Hacienda y expresidente José Antonio Griñán o el expresidente Manuel Chaves, para modificar el sistema usado para conceder las ayudas.
Principalmente si pudieron modificar o proponer el cambio del uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para allegar fondos por parte de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las subvenciones concedidas por la propia Dirección General, en virtud del convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA.
Además, basándose en el supuesto de que los acusados hubiesen conocido el informe adicional del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA referente al ejercicio de 2003 en el que se recogían "un cúmulo de irregularidades", como señala la IGAE, y apuntaba que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido"; o en su caso, que hubiesen conocido las "irregularidades" recogidas en el mismo.
En este sentido, los peritos propuestos por los letrados de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y la exviceconsejera del ramo Carmen Martínez Aguayo han defendido que "no cabe que un mismo órgano lo pueda hacer todo, ni que pueda hacer lo que otro no hace", en referencia a la Consejería de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos y su competencia para ordenar a la Consejería de Empleo que modificara el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, como ha afirmado Juan Antonio Carrillo.
"Según Turrión --jefe del equipo de peritos de la IGAE--, el director general de Presupuestos lo podía hacer todo. Parece que todos pueden hacerlo todo. O la Dirección General de Presupuestos es el sumo sacerdote de toda esta ceremonia o resulta que hay un colegio de sumos sacerdotes que puede hacerlo todo", ha expresado Juan Ramallo, perito de la defensa de Álvarez.
Por su parte, Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lagos por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y de Griñán, ha aclarado que como perito "no entra en hipótesis" sino en hechos.
"No entro en si Eva no hubiera mordido la manzana", ha manifestado para, posteriormente, dejar claro que Griñán no recibió el informe adicional ni tampoco el informe de actuación que, según el perito de la IGAE Ángel Turrión, debió emitir la intervención general ante las "18 irregularidades graves" recogidas en el informe adicional. "El informe de actuación no existió y por tanto Griñán nada pudo hacer ni nada tenía que hacer", ha añadido al respecto.
Según Turrión, el director general de Presupuestos "tenía facultades para evitar el uso de las transferencias", pero para Zornoza, el director general "no puede oponerse a la propuesta de presupuestos de un consejero. Donde hay patrón no manda marinero".
Turrión ha indicado que el titular de Hacienda "pudo instar" al de Empleo a usar otro instrumento presupuestario en lugar de las transferencias, pues le corresponde además de la elaboración del presupuesto "velar por los derechos económicos de la hacienda autonómica".
De haber conocido el informe adicional o su contenido, el titular de Hacienda "pudo haber sometido al Consejo de Gobierno" que Empleo dejara de presupuestar las transferencias, pues "la legislación establece que el consejero, previo informe del interventor, dará cuenta al Consejo de Gobierno de los resultados por repercusión o de base a informe de actuación".
Por contra, para Carrillo, el consejero "no tiene competencias" para impulsar esa vía si no se formula informe de actuación. Según Zornoza, el consejero, tras el informe adicional, que no está reglado y no habilitaba actuación de los responsables de Hacienda, "no hizo nada porque nada tenían que hacer en base a la norma".
De otro lado, Turrión ha señalado que la Ley General de Hacienda Pública señala que, conocidas la comisión de infracciones, "los jefes de los responsables y ordenadores del pago iniciarás las diligencias oportunas, poniéndolo en conocimiento del titular de Hacienda".
A este respecto, Zornoza ha indicado: "el informe adicional no se puso en conocimiento del consejero de Hacienda, que no tenía nada que hacer porque no se produjo informe de actuación. Si hubiera conocido la infracción en la concesión de las ayudas, los superiores de los responsables o los ordenantes del pago no están en Hacienda. Sería el interventor general, si advirtió infracciones, el que tiene que ponerlo en conocimiento del titular de la Consejería competente", ha afirmado.
EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO "PUDO HACER TODO MENOS LO QUE HIZO"
Para Turrión, que ya este martes analizó lo que pudo hacer el interventor general, el director general de Trabajo "tenía que haber instado a realizar una modificación presupuestaria para transferir los créditos de la transferencia de financiación a IFA/IDEA a los conceptos presupuestarios legales para conceder las ayudas". "¿Qué pudo hacer después? Todo menos lo que hizo, conceder subvenciones sin competencias y sin procedimiento alguno".
Tanto el viceconsejero como el consejero del ramo "pudieron modificar" el uso de las transferencias para allegar fondos a IFA/IDEA para pagar las subvenciones e instar a usar otras herramientas presupuestarias.
Turrión ha apuntado que tanto consejero, como viceconsejero y director general pudieron "instar a una revisión de oficio de los expedientes de las ayudas concedidas" tras conocerse las "deficiencias" detectadas. "Si ven las irregularidades están obligados a tomar las medidas adecuadas".
Centrándose en los responsables de la Consejería de Innovación y de IFA/IDEA, que en 2004 pasó a estar adscrita a este departamento, Turrión ha señalado que al Consejo Rector "le corresponde aprobar el anteproyecto de presupuestos y pudo decir lo que tuviera que decir sobre el mismo, a la vista del informe adicional".
En cuanto a la gestión, Turrión ha insistido en que IFA/IDEA "nunca pudo actuar como caja pagadora al no ser una entidad colaboradora, rango que sólo puede otorgarle las bases reguladores de la concesión de subvención, que no existieron".
"Suponiendo que conocieron el informe adicional de 2003, entiendo que IFA/IDEA pudo negarse al pago de las ayudas", según Turrión, ya que "con la Ley en la mano no está obligado algo que está en contra de la Ley", cuestión que no comparte Carrillo: "nadie puede negarse a pagar como medio propio y al tener encomendada una gestión por mandato del Parlamento con la aprobación de los presupuestos y las transferencias a IFA/IDEA".
Por último, ha abordado las competencias de los 'consejillos' --reuniones de los viceconsejeros con el consejero de Presidencia previas al Consejo de Gobierno--. Turrión considera que si observó las "irregularidades" en el anteproyecto de Presupuestos por el uso de las transferencias, "había que ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno para corregirlo".
"Si el Consejo de Gobierno hubiese tenido conocimiento de las irregularidades hubiera tenido que actuar en consecuencia", ha concluido Turrión.
