GRANADA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de tres años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por un periodo de seis para tres acusados de vender los bienes de una empresa de maquinaria para evitar un embargo decretado por las deudas que la mercantil mantenía con la Tesorería de la Seguridad Social.
Se trata de los procesados Antonio C.G., sin antecedentes, José A.G.A., condenado por falsedad en documento público, y Antonio J.R.G., sin antecedentes, a los que se les atribuye provisionalmente un delito de malversación en concurso con un delito de alzamiento de bienes. Los tres se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 12 de marzo.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el 3 de abril de 2009 se decretó el embargo de bienes propiedad de la empresa Rustimad S.L. por la deuda que ésta mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. El embargo de bienes se notificó debidamente el 13 de mayo de 2009 a Antonio C.G., administrador de la mercantil, nombrándole en ese mismo acto como depositario de los bienes embargados y advirtiéndole de sus funciones y obligaciones como tal.
Tras ello, los acusados, "de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito", y con la intención de que la empresa eludiera el pago de la deuda contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social, en fecha no concretada pero entre mayo de 2009 y septiembre de 2012, dispusieron de los bienes embargados haciéndonos desaparecer del patrimonio de la compañía con el consiguiente perjuicio económico para la administración pública.
Así, otro de los inculpados, José A.G.A, propietario de la nave donde estaba depositada la maquinaria embargada, y conociendo la imposibilidad de poder disponer de los objetos trabados, en convivencia con el administrador, celebró contrato de cesión para su reparación y posterior venta de las máquinas.
Fue a favor del tercer acusado, José A.R.G., el cual, "también a sabiendas de la traba existente sobre las mismas y con la finalidad acordada de eludir la deuda con la Seguridad Social", buscó comprador y vendió finalmente parte de ellas a una empresa marroquí a la que fueron entregados por importe de 10.400 euros.
