GRANADA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Granada pide cuatro años de prisión para tres hermanos de entre 50 y 53 años a los que acusa de promover "operaciones fraudulentas" para "descapitalizar" la empresa de automóviles en la que promovieron la extinción de los contratos de sus 15 empleados, a los que adeudarían aún 1.218.000 euros aproximadamente.
Los hechos, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, serían constitutivos de un supuesto delito de insolvencia punible, por los que el Ministerio Público también solicita a los tres procesados el pago de multas de 8.640 euros.
En Motril, el fiscal indica que una de las hermanas, como administradora, y los otros dos, como apoderados "iniciaron en el año 2013 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)" comunicando en julio la extinción del contrato laboral de 15 trabajadores que luego presentaron querella, así como "el cese de actividad de la empresa y el cierre de sus instalaciones".
El ERE afectó a cuatro de los trabajadores y el resto ya había extinguido su relación laboral con la empresa merced a una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Motril, que reconocía a favor de estos once empleados "por indemnización y salarios debidos" 1.000.422 euros, de los que solo se abonó 65.336 euros, y restando una deuda de 935.086 euros.
A los cuatro trabajadores afectados por el ERE, los acusados debieron de pagar 434.837 euros, de los que la empresa "solo abonó" 151.474 euros, resultando una deuda a favor de los empleados de 283.362 euros.
El fiscal señala que los procesados, "con el ánimo de defraudar las legítimas expectativas de cobro de los trabajadores querellantes tras la extinción de la relación laboral, urdieron meses antes de iniciar el ERE de julio de 2013", y dándole continuidad después, "un plan en el que, a través de operaciones fraudulentas de traspaso de bienes y/o de transferencias" a favor de empresas del mismo grupo familiar, tuvieron como finalidad "descapitalizar a la entidad".
Se trataba de que esta última tuviese "una situación de insolvencia que impidiese hacer frente al pago de las cantidades debidas a los trabajadores querellantes".
Asimismo, al desaparecer "el compromiso por pensiones de los trabajadores asegurados" en dos pólizas colectivas de ahorro, los acusados habrían procedido, "con fecha 1 de junio de 2014, a disponer parcialmente, en perjuicio" de los querellantes, "del importe del rescate de las mismas".
Está previsto que los hechos sean enjuiciados los próximos 18 y 19 de diciembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
