CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta del PP en el Parlamento andaluz, la cordobesa Rosario Alarcón, ha lamentado este lunes que la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, la también cordobesa Elena Cortés, "traslade el problema de los desahucios a los ayuntamientos", mientras que su Consejería "no ha destinado ni un solo euro" en los presupuestos andaluces para 2013 con el objetivo de "frenar este grave problema social que sufren muchas familias cordobesas".
A través de un comunicado, Alarcón ha opinado que "es una vergüenza que una consejera de la Junta de Andalucía tenga la cara dura de reunirse con colectivos sociales que sufren este problema y la única solución que les proponga es que sean los ayuntamientos los que tomen medidas para frenar los desahucios".
Con esto, según Alarcón, "la consejera le echa la patata caliente a los ayuntamientos, cuando estos no tienen competencias sobre esta materia y cuando ya viven una situación de colapso y asfixia económica muy seria, por asumir competencias y servicios que la Junta de Andalucía no está llevando a cabo".
Ante esto, Alarcón ha acusado a Elena Cortés de incumplir el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por su inacción en vivienda social. "La Junta no está haciendo absolutamente nada en materia de vivienda y, sin embargo, son los ayuntamientos los que están asumiendo el pago de los alquileres sociales de familias sin recursos, a pesar de que la Administración competente es la Junta de Andalucía", según ha afirmado la portavoz popular.
Así, Alarcón ha recordado que, según el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda, lo que incluye la planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la vivienda; el establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las administraciones públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública de viviendas y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.
En consecuencia, según Alarcón, "a la consejera le corresponde la promoción de vivienda pública, tal como dice el Estatuto, para ponerla a disposición de las familias más necesitadas, en riesgo de exclusión social y que han sido desahuciadas de sus viviendas, porque no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca".
Además, "hay que recordar la situación de deuda que la Junta de Andalucía mantiene con los ayuntamientos cordobeses, que está provocando situaciones muy extremas, como el impago de nóminas a los trabajadores municipales, cortes de suministros, suspensión de programas y servicios sociales y el colapso de muchos servicios públicos, que los ayuntamientos ya no pueden financiar por la deuda que la Junta mantiene con ellos. En concreto, solo a los ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia de Córdoba la Junta les debe 40 millones de euros, principalmente de políticas sociales y políticas de empleo", según Alarcón.
Sin embargo, la consejera Elena Cortés "se ha negado en rotundo a poner a disposición de las familias afectadas por los procesos de desahucio el parque de vivienda social del que la Empresa Pública de Suelo (EPSA) dispone en toda Andalucía, y que supone más de 70.000 viviendas que se encuentran vacías y desocupadas. Esta es la doble moral de IU y de sus socios del PSOE, que echan balones fuera y culpan a todos de sus propias irresponsabilidades, y además son incapaces de ofrecer soluciones reales, tangibles y que están en su mano cuando afecta a su propio bolsillo".
Es más, según la portavoz popular, "tanto PSOE como IU en el Parlamento andaluz han rechazado un paquete de medidas presentado por el PP para poner solución al drama de los desahucios y buscar un pacto entre las distintas fuerzas políticas, que a través de líneas de diálogo ofrezca soluciones a los afectados".
Entre estas medidas, según ha recordado Alarcón, están "que la Junta medie para que las entidades financieras establezcan líneas de crédito, así como tomar como acciones fundamentales el alquiler, la rehabilitación o el impulso de la promoción de vivienda social, que EPSA ponga a disposición de las familias afectadas por procesos de desahucio viviendas desocupadas de las 70.000 de las que dispone, y que Andalucía garantice un marco de ayudas al alquiler propio, en función de la renta y capacidad económica, dirigido a determinados colectivos con ingresos limitados".
También debería la Junta, a juicio del PP, "contemplar una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) destinada a familias que tienen abierto proceso de negociación con entidades financieras para el mantenimiento de su vivienda o promover una mesa de diálogo y negociación con la recién creada Plataforma en Defensa de la Construcción en Andalucía", además de "aprobar un calendario de pago de la deuda e impagos que el sector público andaluz tiene con promotores, adquirentes de vivienda protegida y beneficiarios del programa de fomento del alquiler".
SIN COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Así mismo, Alarcón ha recordado que la Junta de Andalucía "no destina ni un solo euro a las ayudas para frenar los desahucios, de los 130 millones contemplados en el presupuesto para 2013 que la Consejería de Fomento dedica a política de vivienda, y ha criticado la hipocresía del bipartito, que dice una cosa, pero en realidad no hace nada con una lacra que afecta a los más vulnerables".
De hecho, en opinión de Alarcón, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "debería explicar a los andaluces qué ha hecho para evitar los más de 67.000 desahucios ejecutados en Andalucía desde que comenzó la crisis, porque nos sorprende mucho que el bipartito hable de que su prioridad es la política social, cuando en realidad no hace nada para evitar los desahucios".
Finalmente, la diputada regional del PP por Córdoba ha criticado que "en los últimos cinco años hemos asistido al desmantelamiento de la política de vivienda por parte de la Junta de Andalucía, al pasar de un presupuesto de 445 millones de euros en 2009, a los 130 millones para 2013, lo que conlleva un recorte presupuestario del 70%, es decir, 315 millones menos".
