GRANADA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular (PP) ha exigido a la Junta de Andalucía que pague la deuda que mantiene con las empresas de servicios educativos de la provincia de Granada, que alcanza los 786.650 euros.
Así lo ha manifestado la parlamentaria andaluza y portavoz de Educación del PP, Marifrán Carazo, tras reunirse con el delegado en Granada de la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (AECO), Juan Ramón Gutiérrez.
Carazo ha señalado que "esta situación podría afectar a los 2.500 trabajadores de las 41 empresas del sector y por lo tanto al 82 por ciento de los alumnos de infantil y primaria en la provincia de Granada".
El Partido Popular ha exigido al "bipartito", especialmente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "el pago inmediato de la deuda para no poner en riesgo las 41 empresas y por lo tanto el mantenimiento de los servicios esenciales para los alumnos".
En ese sentido, Carazo ha desglosado que "el Gobierno andaluz adeuda a estas empresas granadinas 185.650 euros correspondientes al aula matinal de 151 centros educativos, 514.000 euros de actividades extraescolares de 191 colegios y cerca de 60.000 euros de servicios complementarios de 8 escuelas infantiles que la administración autonómica adeuda desde octubre de 2013".
Carazo ha afirmado que Juan Ramón Gutiérrez le ha mostrado la gran preocupación e incertidumbre del sector que "desde el curso 2008-2009 y debido a los impagos del Gobierno andaluz sufre grandes problemas de financiación que en muchos de los casos dificultan el mantenimiento y la viabilidad de las pymes y autónomos".
A juicio de la dirigente popular, "la situación de estas empresas es insostenible por culpa de la ineficacia y la falta de compromiso de la administración autonómica que paga tarde, mal y nunca".
Por todo esto, Marifrán Carazo ha anunciado que el Partido Popular va a presentar una moción en todos los ayuntamientos donde se presten dichos servicios para exigir al Ejecutivo andaluz "el pago de la deuda, la elaboración de un calendario de pagos para garantizar la viabilidad de las empresas y la creación de un grupo de expertos con más de 15 años de experiencia laboral para que aporten ideas y soluciones a un Gobierno que es incapaz de asegurar el mantenimiento de dichos servicios".
