SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP-A pedirá que el Parlamento andaluz censure el "fracaso" de la política de avales a empresas llevada a cabo por el anterior Gobierno andaluz del PSOE-A, dado el "alto índice de ejecuciones de aval por fallidos" y el "quebranto" de fondos públicos que ello ha supuesto.
Así se recoge en unas de las propuesta de resolución que el PP-A ha planteado al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo a la fiscalización de la cuenta general de la comunidad correspondiente a 2017.
El PP-A plantea que el Parlamento considera "muy negativo el fracaso de la política de avales a empresas" llevada a cabo por el anterior Gobierno andaluz, "dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallidos y el mantenimiento de importes ejecutados en 2017 en la Agencia IDEA, y que ha supuesto un quebranto adicional
de fondos públicos".
En otra propuesta se demanda que la Cámara considere "gravemente lesivo para los andaluces" que únicamente se haya conseguido en el año 2017 el reintegro de 820.000 euros de avales ejecutados, "acumulando más de 118,83 millones por avales ejecutados pendiente de cobro (40.000 euros más que los existentes al cierre
de 2016)", tal y como constata el informe de fiscalización.
Por ello, se pide instar al actual Ejecutivo autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) "a aumentar el nivel de cobro en relación a los importes atendidos por ejecuciones de avales mediante
el replanteo de los procedimientos de reclamación ante empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas, ejecutando cuantos derechos sean inherentes a administración o agencia, compensando pagos a realizar con la empresa o haciendo uso de beneficios de excusión", un mandato que ya fue aprobado por la Cámara autonómica y que fue "ignorado" por el anterior Gobierno.
Asimismo, se insta a la Junta a que establezca las oportunas medidas normativas y que mejore los procedimientos en materia de recuperación de cantidades derivadas de "los quebrantos de avales, con la finalidad de recuperar dichos recursos públicos", dado que tal y como constata el informe de la Cámara de Cuentas, "los distintos órganos implicados no han adoptado medidas a tal fin".
