SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de más de 30 senadores del Partido Popular que representan, todos ellos, a provincias en la costa española, han presentado una moción ante la Comisión de Transición Ecológica, en la que solicitan "autorizar sin mayor trámite, los planes de explotación de servicios de temporada en playas solicitados por los ayuntamientos, sin perjuicio de las limitaciones generales que deban cumplirse en aplicación de las disposiciones sanitarias de lucha contra la pandemia del Covid-19".
Los senadores andaluces Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han manifestado en un comunicado que la crisis sanitaria originada por el coronavirus ha dado lugar a una crisis económica de gravedad incalculable, siendo el sector turístico, uno de los más afectados. El turismo representa el 14% del PIB español y genera más de dos millones y medio de empleos. A juicio del grupo de senadores del PP, el turismo etiquetado como "de sol y playa" va sufrir la peor campaña en décadas, por lo que necesita medidas urgentes para reducir en lo posible estos daños.
Los senadores populares explican que dentro del sector, tienen una importancia especial los servicios de playa que se rigen por el Reglamento de Costas. El régimen de autorizaciones previsto en el citado Reglamento y los procedimientos administrativos se hacen difíciles de cumplir por la inmediatez del verano.
Además señalan que los Servicios Provinciales de Costas están dando respuestas distintas e inconexas a los planes formulados por los Ayuntamientos al no disponer de instrumentos que permitan adecuarse a la situación excepcional que viven.
Es por ello que Hernando y Rodríguez-Comendador consideran que es necesario que el Gobierno dicte la regulación, con carácter de urgencia, que permita minimizar los perjuicios que va a suponer la crisis del COVID-19 a los servicios ofertados en las playas españolas, para mantener viva la oferta con el máximo de servicios posibles reduciendo el actual estado de inseguridad.
Los senadores solicitan por último condonar o reducir los cánones que deben pagar los Ayuntamientos y concesionarios por la ocupación de las playas y aumentar los espacios permitidos para equilibrar económicamente las explotaciones de temporada de las playas entre el espacio ocupado y las limitaciones de distancias inter-personales impuestas por criterios sanitarios.
