PP-A pide el jueves que la Junta defienda el acuerdo de financiación e inste al Ejecutivo a retomar ya su reforma

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento de Andalucía
Europa Press/Archivo
Actualizado: domingo, 23 septiembre 2018 11:35

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP-A va a defender el jueves una proposición no de ley (PNL) ante el Pleno de la Cámara autonómica por la que reclama al Gobierno andaluz que defienda el acuerdo sobre la financiación autonómica que alcanzó el Parlamento andaluz con el consenso de todos los partidos salvo Cs, y que inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que retome de manera urgente la reforma del sistema para que entre en vigor a partir de 2019.

En la iniciativa, recogida por Europa Press y donde propone una batería de medidas para la convergencia económica y social de Andalucía, el PP-A quiere que el Parlamento manifieste que "considera gravemente lesivo y perjudicial para los intereses de los andaluces la decisión tomada por el Gobierno de la Nación de paralizar la reforma del modelo de financiación autonómica que inició el anterior ejecutivo, dado que supone mantener el agravio del nefasto modelo aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

De este modo, pide que la Junta defienda ante el Ejecutivo central el acuerdo sobre la financiación autonómica que aprobó el Parlamento y que le inste a retomar de manera urgente su necesaria reforma para su entrada en vigor a partir de enero de 2019, para "evitar los efectos negativos que ha venido exponiendo tanto presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el resto de grupos políticos en esta Cámara".

El PP-A propone que la Cámara exprese también que "considera desleal y perjudicial" las decisiones adoptadas por Montero en relación al "bloqueo" de la reforma del modelo de financiación, "dado que durante su etapa como consejera andaluza ha exigido una reforma de urgencia". Por eso, propone que el Gobierno de la Nación adopte "medidas correctoras" contra la actual ministra "por adoptar una actitud lesiva, discriminatoria e injusta contra Andalucía pese a conocer los efectos negativos del actual modelo de financiación", y hacerlo "con la finalidad de practicar una mayor sensibilidad y sentido de la justicia con Andalucía".

Otra de las reclamaciones que plantea es que el Gobierno central mantenga una política exterior y comercial "responsable y diligente" con los socios comerciales y aliados estratégicos del Reino de España y de la UE, y especialmente "a no poner en peligro las relaciones económicas que afectan a la actividad laboral en sectores fundamentales para el desarrollo socioeconómico andaluz como el naval y el aeroespacial, evitando en lo sucesivo decisiones erráticas que afecten al negativamente a los trabajadores y familias de estas industrias y de sus sectores auxiliares".

El partido de Juanma Moreno pide también que la Cámara andaluza respalde que es fundamental la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que contemplen la programación de la política a desplegar "para continuar con las reformas y actuaciones acometidas por el PP que han propiciado el crecimiento económico, la creación de empleo y la consolidación fiscal".

Asimismo, quiere que rechace la aprobación de las nuevas subidas de impuestos anunciadas sobre el gasoil, la renta de las personas físicas y las empresas, y que la Junta adopte medidas tributarias encaminadas a rebajar en el tramo autonómico del IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En esta línea, apuesta por ampliar los beneficios fiscales aplicables por familias, jóvenes e inversores y los límites de aplicación de los beneficios fiscales "para que las rentas medias que actualmente se encuentran excluidas puedan utilizarlos".

El PP-A propone igualmente que se evalúen las políticas públicas de la Junta, "habida cuenta de que tras gestionar un presupuesto equivalente anual de 35.000 millones de euros no se ha conseguido reducir la brecha socioeconómica con la media nacional tras casi cuatro décadas de gestión autonómica"; y que los Presupuestos andaluces muestren el detalle de cada uno los proyectos de inversión a realizar por parte las diferentes consejerías y sus entidades instrumentales en cada una de las provincias.

PACTOS Y MEDIDAS ANTIFRAUDE

Entre otras medidas, los populares piden en su iniciativa que el Gobierno de Susana Díaz impulse un Pacto por el Empleo y la Competitividad y otro gran Pacto por la Educación, además de mejorar los instrumentos de cualificación para el empleo e impulsar la definitiva aprobación de un modelo de financiación para las universidades públicas "acabando con la prórroga mantenida desde el ejercicio 2011".

El PP-A también plantea medidas para el desarrollo de la industria andaluza, para defender el sector agroindustrial, para incrementar la captación de inversión productiva o para poner en marcha una Estrategia de Cohesión Interior para la vertebración del territorio, la igualdad de oportunidades y la convergencia interna, entre otras medidas encaminadas a conseguir la convergencia económica de la comunidad.

De otro lado, también exigen que la Junta establezca las actuaciones necesarias para recuperar los fondos públicos que han sido defraudados, que impulse el reintegro de las cantidades no justificadas e intensifique las medidas contra el fraude fiscal, así como que se articule un régimen sancionador para aquellos cargos públicos que, por falta de responsabilidad y de diligencia en su labor, "permitan que los libramientos pendientes de justificar prescriban, o que de su gestión se derive un despilfarro de recursos públicos, concretando y desarrollando la normativa en vigor, de forma que se mejore el prestigio, la imagen y proyección de Andalucía como tierra de oportunidades y destino preferente de inversión para la creación de empleo y riqueza".

Y, por último, que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno a programar, en base a los principios de eficacia, eficiencia y economía, una racionalización de la estructura administrativa de la Junta y de sus entidades instrumentales, una reducción del coste y número de personal directivo, y que optimice el gasto corriente no vinculado a la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales.