SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La representación procesal del PP-A ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y dentro de la pieza separada de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), levantar el secreto de las actuaciones decretado tras acordar en junio abrir pieza separada para investigar los correos electrónicos de 66 personas, entre directivos y técnicos, de la Fundación.
La juez instructora, en un auto con fecha de 12 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, declara el secreto de las actuaciones para todas las partes personadas, salvo el Ministerio Fiscal, por el tiempo imprescindible para realizar el análisis que se autoriza en esta resolución y nunca superior a un mes.
Este Juzgado solicitó del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la remisión de toda la información que pueda tener, tanto en sus archivos como en posibles servidores
informáticos y/o copias de seguridad, que se refiera a las comunicaciones mantenidas desde las cuentas de correo electrónico (dominio @faffe.es, que posteriormente podría haber sido sustituido por el dominio @juntadeandalucia.es), pertenecientes a Faffe, de las personas y/o departamentos que hubieran mantenido en el seno de la extinta Fundación del personal que se relacionaba desde enero de 2.009 hasta su extinción. Dicha información fue recibida con fecha 30 de mayo de 2018.
En un escrito de fecha 19 de julio presentado por la representación procesal del PP-A en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, esta acusación expone que, habiendo transcurrido con exceso el plazo de un mes, al derecho de esta parte interesa que se acuerde el levantamiento del secreto acordado y se les de inmediato traslado de los correos electrónicos pertenecientes a Faffe, de todas las personas y/o departamentos que obran en las actuaciones.
Sobre la declaración del secreto de las actuaciones, la juez instructora, en su auto, expuso que las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción, concretamente, las relativas al repositorio de correos electrónicos, "no sean conocidas por las partes, pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso y en particular, se hace necesario preservar el contenido de los correos y comunicaciones".
INDICIOS "RACIONALES" DE POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
Así, la juez señala que de lo actuado hasta el día de la fecha en las presentes diligencias se desprenden indicios de la comisión de un delito "racionales y bastantes" que permiten sostener indiciariamente la posible perpetración de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El análisis del disco duro resulta una medida "idónea" para obtener elementos de comprobación de los delitos por los que se siguen las presentes actuaciones, atendiendo a que la propia índole de los mismos implica la utilización de ordenadores y dispositivos de almacenamiento de datos, comunicaciones a través de correos que habrían podido mantener los investigados entre sí y con terceros.
CORREOS DE DIRECTIVOS, JEFES, GERENTES PROVINCIALES Y TÉCNICOS
Así, señalaba para el jueves 14 de junio la expedición de copia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debiendo el técnico que se designara al efecto de la UCO proporcionar el equipo y medios necesarios para realizar una copia de la información que consta en el disco duro depositado en este juzgado
y bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia y que corresponde con los correos electrónicos de 66 personas, pertenecientes a Faffe, entre las que se encuentran el exdirector general Fernando Villén, su hermano Manuel Villén, también exdirectivo de la Fundación, así como otros responsables, secretarios, técnicos, mandos intermedios, jefes de área o gerentes provinciales.
Del informe que presente la UCO a la juez se dará traslado a las partes a efectos de alegaciones, exclusivamente de los contenidos relevantes para la presente investigación que puedan figurar en los datos extraídos de las siguientes direcciones de correo analizadas.
Además de los correos, de forma paralela los agentes del Instituto Armado, al frente de la investigación, trabajan en el análisis de las cuentas de la Fundación, informe que deberán remitir al Juzgado de Instrucción número 6.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada de los cursos de formación que investiga las irregularidades en la extinta Fundación, considera que esta entidad realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, contratos que "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
VILLÉN, CITADO A DECLARAR EN OCTUBRE
De otro lado, la juez María Núñez Bolaños ha citado de nuevo para que preste declaración el próximo 11 de octubre a Fernando Villén, prueba solicitada por la Junta de Andalucía, una vez que ha remitido la documentación requerida al mismo y podría contener hechos con carácter presuntamente delictivos, como "malversación y/o apropiación indebida".
Todo ello después de que se haya conocido el uso de una tarjeta de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para realizar un total de 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros entre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010 en un club de alterne de la capital sevillana, que fueron "abonados en metálico a los pocos días", por lo que el cargo en sí no se hizo.
