GRANADA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada considera un "atropello" que la Junta de Andalucía "amenace" al sector con sanciones por tener viviendas protegidas vacías en aplicación de la Ley de la Función Social de la Vivienda, después de que los promotores hayan sido requeridos para que informen de los domicilios que tienen desocupados y para que justifiquen los motivos.
Concretamente, los promotores han recibido cartas individualizadas de la Dirección General de la Vivienda en la que se recuerda que la citada normativa configura "la no ocupación de las viviendas como un grave incumplimiento" de la función social de la vivienda, un extremo que adquiere "mayor relevancia" en los supuestos de viviendas protegidas, y establece medidas para garantizar dicha función, "entre ellas la imposición de sanciones".
El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Enrique Legerén, ha señalado en rueda de prensa que este requerimiento de la administración constituye una "amenaza intolerable" y ha tachado de "arbitraria" la forma de proceder de la Junta, al considerar que se basa en una Ley, la de la Función Social de la Vivienda, que "está suspendida por el Tribunal Constitucional".
Legerén ha subrayado que las viviendas protegidas no están vacías "por falta de interés de los promotores" sino por la "ausencia de demandantes" y por la falta de financiación, siendo los constructores los "primeros interesados" en darles salida.
Desde la ACP consideran además que la Dirección General de la Vivienda no se está ateniendo a la realidad de la situación, instando incluso a los promotores con viviendas protegidas en alquiler con opción a compra a alquilarlas sin la posibilidad de compra, "cuando según la normativa vigente ése es su único fin".
Pese a ello, el sector matiza que algunas viviendas han sido ofertadas a precios inferiores a 200 euros al mes sin que haya existido demanda.
Además, desde la ACP reprochan a la Junta su forma de proceder cuando en la actualidad "adeuda 42 millones de euros a 90 empresas que han promovido viviendas sociales en Andalucía", al no abonarles los fondos finalistas transferidos por el Estado para la construcción de vivienda protegida que ya está ejecutada.
Este asunto fue denunciado por promotores de Granada, Sevilla y Almería ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que lo archivó alegando que estos fondos "no han sido objeto ni de apropiación ni utilización de forma fraudulenta, ni utilizados para fines distintos de los previstos en su concesión, estimándose que de existir alguna irregularidad carece de relevancia penal".
El sector considera que "la mayor parte de la solución al problema de la vivienda en Andalucía pasa por la Administración", pues sólo la Junta tiene en la comunidad entre "10.000 y 12.000 viviendas vacías según sus estimaciones.
Por todo ello, desde la ACP reclaman a la Junta que "rectifique" y paralice las actuaciones inspectoras emprendidas e instan a las distintas administraciones públicas a hacer público el número de viviendas protegidas desocupadas que son de su propiedad de cara a pactar soluciones que garanticen la seguridad jurídica de los promotores y la vivienda para las personas con "verdadero riesgo de exclusión".
