22 de octubre de 2019
6 de junio de 2018

El proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía supera el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), el 10 por ciento del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, sin que se le hayan presentado enmiendas a la totalidad.

El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales constituyen algunos de los principales objetivos del proyecto de ley, que a partir de ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha explicado durante la presentación del texto ante el Pleno que se incorporan medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.

En el último de estos aspectos, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas. También incluirá medidas para facilitar a las mujeres la participación e interlocución en cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organizaciones interprofesionales y de productores.

Por su parte, el diputado del PP-A Manuel Andrés González ha señalado que se echa en falta un compromiso serio de creación de empleo en la ley y ha denunciado que se deduce de la misma que la Junta "no se va a gastar ni un céntimo de euro más" en la agricultura y ganadería de Andalucía. Ha indicado que no están en contra de que Andalucía tenga una ley que regule las demandas y necesidades del sector, pero el texto presentado por el Gobierno andaluz no aporta valor añadido ni a la agricultura ni a la ganadería y supone más burocracia, mientras que hay regulaciones imprecisas y sólo una "declaración de intenciones, muy bien adornada", sin compromiso presupuestario.

La diputada de Podemos María del Carmen García ha criticado la "falta de concreción" del proyecto de ley, que tiene una "ambición genérica", mientras falta concreción y eficacia. Ha indicado que el texto, que es una declaración de "buenas intenciones", necesita, sin duda, mejoras durante su tramitación parlamentaria.

El presidente y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha indicado que el proyecto de ley por fin llega a la Cámara y ha confiado en que se haga un buen trabajo durante su tramitación para que sirva para dar respuesta a los problemas del sector. A su juicio, el texto es "bastante mejorable" y por ello su grupo presentará enmiendas parciales.

El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo ha manifestado que es sin duda la de Agricultura es una ley deseada, pero que el texto presentado por el Gobierno es susceptible de incorporar cambios y mejoras objetivas. Ha indicado que Izquierda Unida no ha presentado enmienda a la totalidad al texto porque tiene voluntad de mejorarlo y de llegar a acuerdos. Ha señalado que quieren una ley que garantice que sea andaluz el proceso que regule desde la producción hasta la distribución y ha echado en falta una memoria económica de la norma.

El diputado del PSOE-A Miguel Castellano ha indicado que se trata de un proyecto de ley que se adapta al futuro de la agricultura y ganadería andaluzas y ha puesto en valor la importante participación del sector en su elaboración. Ha indicado que la ley plantea la simplificación de muchos de los trámites, por lo que ha rechazado las críticas del resto de partidos sobre "exceso de burocratización". Ha indicado que es una norma que se plantea para toda la sociedad andaluza.

CONTENIDO DE LA LEY

En relación con el mantenimiento del suelo agrario y de la vigilancia y control de su infrautilización y degradación, el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de aquellos espacios donde la actividad tiene una gran relevancia ambiental o social, como es el caso de la Vega de Granada. El objetivo es proteger el patrimonio agrario frente a otros usos, principalmente la presión urbanística, garantizando su destino a una agricultura competitiva.

En la misma línea se regula la figura de los planes de Ordenación de Explotaciones, para obras que se desarrollen conjuntamente en varias fincas, tanto para la mejora de infraestructuras físicas como en el aprovechamiento de recursos.

Con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, la responsabilidad recaerá solidariamente no solo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos.

La infracción, considerada grave, será sancionada con multas de entre 3.001 y 50.000 euros. Esta calificación tendrá también la negativa o resistencia a suministrar datos a los servicios de inspección, que por primera vez tendrán consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación, autorregulación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de la cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena, de promover códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y de la búsqueda conjunta de soluciones ante desajustes que se puedan producir.

Otra de las novedades del proyecto es la elaboración del Estatuto de las Personas Empresarias Agricultoras y Agroindustriales, que promoverá el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del patrimonio natural, así como la obtención de retribuciones justas por el desempeño de sus actividades.

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