SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La prueba pericial conjunta del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis dentro de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 alcanza su cuarta semana de desarrollo con el interrogatorio de la acusación del PP-A a los nueve peritos participantes.
Después de casi once sesiones completas del juicio en las que los nueve peritos, tres de auxilio judicial propuestos por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dos propuestos por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, dos por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, uno por la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y uno por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la acusación del PP-A comenzó su interrogatorio cuando quedaba poco menos de una hora de la sesión del pasado miércoles.
Tras el turno del PP-A, llegará el interrogatorio de Manos Limpias y el de las defensas, lo que podría alargar esta fase de la prueba pericial durante esta semana y la próxima. Cabe recordar que después llegará el turno de los peritos de la Dirección General de Seguros.
Los abogados del PP-A, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, continuarán a partir de la sesión de este lunes, la número 108 del juicio, con las preguntas a los peritos. Sus primeras cuestiones planteadas estuvieron centradas en el marco normativa de las ayudas investigadas.
Ante esto, los peritos de la IGAE declararon que las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 no eran aplicables a las ayudas de los ERE concedidas por la Dirección General de Trabajo, rechazando así las tesis del perito José Ignacio López, propuesto por la defensa de Antonio Fernández.
López explicó que "se debieron aplicar" a las ayudas concedidas por la Junta la Orden del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 1994 por la que se regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y la Orden de abril de 1995 por la que se determinan las ayudas que podrá conceder el Ministerio a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas.
Aunque esta tesis, como expuso el abogado del PP, no es la misma que la expresada por el abogado defensor de Antonio Fernández en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la pieza separada de los ERE que investiga las ayudas a trabajadores de la Faja Pirítica y en el que señala que la normativa estatal no es aplicable a las ayudas investigadas.
"En efecto, desde el punto de vista técnico jurídico mi criterio es que el marco normativo --de las ayudas-- está en el derecho estatal y no en el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía", afirmó López.
Para Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, si el profesor López dice que "las ayudas no son subvenciones, obviamente no podrían ser aplicables las órdenes". "Las ayudas de los ERE son subvenciones de carácter laboral no asistencial", afirmó el perito de auxilio judicial.
EVA Y LA MANZANA Y LOS SUMOS SACERDOTES
Precisamente, la jornada del miércoles también sirvió para que el Fiscal, en su último bloque de preguntas, planteara a la IGAE la responsabilidad de cada uno de los acusados por prevaricación y malversación en sus cargos con respecto al sistema de concesión de las ayudas y un posible cambio por el uso "inadecuado de las transferencias de financiación para allegar fondos con cargo al programa presupuestario 31L desde la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas, en virtud del convenio marco de 2001.
En contexto y basándose en el supuesto de que los acusados hubiesen conocido el informe adicional del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA referente al ejercicio de 2003 en el que se recogían "un cúmulo de irregularidades", como señala la IGAE, y apuntaba que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido"; o en su caso, que hubiesen conocido las "irregularidades" recogidas en el mismo.
En este sentido, los peritos propuestos por los letrados de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y la exviceconsejera del ramo Carmen Martínez Aguayo han defendido que "no cabe que un mismo órgano lo pueda hacer todo, ni que pueda hacer lo que otro no hace", en referencia a la Consejería de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos y su competencia para ordenar a la Consejería de Empleo que modificara el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas.
"Según Turrión, el director general de Presupuestos lo podía hacer todo. Parece que todos pueden hacerlo todo. O la Dirección General de Presupuestos es el sumo sacerdote de toda esta ceremonia o resulta que hay un colegio de sumos sacerdotes que puede hacerlo todo", expresó Juan Ramallo, perito de la defensa de Álvarez.
Por su parte, Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lagos por la defensa de Antonio Lozano y Griñán, aclaró que como perito "no entra en hipótesis" sino en hechos. "No entro en si Eva no hubiera mordido la manzana", manifestó para, posteriormente, dejar claro que Griñán no recibió el informe adicional ni tampoco el informe de actuación que, según el perito de la IGAE Ángel Turrión, debió emitir la intervención general ante las "18 irregularidades graves" recogidas en el informe adicional. "El informe de actuación no existió y por tanto Griñán nada pudo hacer ni nada tenía que hacer", añadió Zornoza.
"¿CUÁNTAS COSAS MAL SE TENÍAN QUE HACER PARA VER RIESGO DE MENOSCABO?"
Otra de las frases que ha marcado la semana que recién termina es la que pronunció Ángel Turrión, para quien la Intervención General debió emitir un informe de actuación después de conocerse "las irregularidades graves" recogidas en el informe adicional de 2005 del Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con respecto al ejercicio de 2003. "¿Cuántas cosas mal tenían que haber hecho el consejero de Empleo, el director general de Trabajo o IFA/IDEA para apreciar la existencia de menoscabo?", dijo Turrión.
En el informe adicional se recoge, según Turrión, un "cúmulo de 18 irregularidades graves" tras analizarse una muestra de 20 expedientes administrativos de concesión de ayudas y que fueron solicitados por el interventor delegado en Empleo a la Dirección General de Trabajo pues no fueron fiscalizados en su momento.
"No hubo informe de actuación aunque a Turrión le hubiese gustado. Y no se produjo porque quien debió apreciar el riesgo de menoscabo, en este caso el interventor general, no lo advirtió, por lo que no debió ser tan evidente", afirmó Zornoza, para quien "todos acertamos la Quiniela los lunes. Es fácil ser sabio cuando han ocurrido las cosas, decir que existió riesgo de menoscabo".
Pero, según Turrión, "existiendo, al menos en 20 expedientes de concesión de ayudas que la Intervención General analizó, un cúmulo de 18 irregularidades graves, ¿qué más es necesario para al menos estimar la posibilidad de menoscabo?".
Reconoció que "es difícil acumular tanta irregularidades", precisando que el hecho de que se advirtiera de que se estaba "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido era suficiente para dar pie a pensar en el riesgo de menoscabo".
