GRANADA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha denunciado este jueves que la nueva orden de la Junta de Andalucía crea "inseguridad jurídica" a los centros de día de discapacidad de la provincia, ya que "no concreta si pueden volver a reabrir".
"Hemos pasado de una orden mala para los centros a una mala orden, ya que no rectifica ni da seguridad jurídica a las entidades ante una reapertura de sus centros", ha señalado el parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos quien ha anunciado que el Grupo Socialista va a presentar en el Parlamento andaluz una iniciativa para que el Gobierno andaluz rectifique para contar con una normativa "por escrito, clara y concisa".
Tras mantener un encuentro con entidades granadinas del ámbito de la discapacidad, ha señalado que la nueva orden ha generado "más inquietud al no unificar criterios para decretar el cierre de un centro y sin respaldo jurídico alguno para las entidades".
Martín Arcos ha incidido en que la reapertura de los centros se debe producir con las "máximas garantías, tanto en seguridad y salud para usuarios y familiares como de seguridad jurídica para los más de 90 centros de mayores y discapacidad que hay en la provincia.
"Son más de 2.900 familias las que necesitan estos centros de atención especializada puesto que precisan de atención y unos cuidados que en sus casas no reciben", ha dicho.
Por su parte, la parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio ha dicho que "medidas como esta vulnera la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad".
