Reabren la causa contra el alcalde de Cájar (PP) por permutar unos terrenos al hijo...

Actualizado: martes, 17 abril 2012 21:31

(Rogamos a nuestros abonados modifiquen la noticia del mismo tema por un error en el titular. Es todo, gracias. La noticia queda como sigue)

Granada.-Tribunales.-Reabren la causa contra el alcalde de Cájar por supuesta prevaricación en concesión de licencia

GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado reabrir la causa contra el alcalde de Cájar, Fidel Prieto (PP), por un supuesto delito de prevaricación en la concesión de una licencia de primera ocupación a un exteniente de alcalde, y en la que también están siendo investigados la exalcaldesa de Cájar Concepción Roldán y el exteniente de alcalde Raúl Montoya por presunta malversación de caudales públicos en la permuta de unos terrenos municipales al hijo de un exedil de Urbanismo.

Los hechos tienen su origen en un convenio que el PP de Cájar aprobó en el pleno por vía de urgencia el 31 de julio de 2003, acuerdo por el que la por entonces alcaldesa, Concepción Roldán, permutó a Ángel Manuel Piñar, hijo de un exconcejal de Urbanismo, una parcela, de unos 1.100 metros cuadrados, que estaba destinada a equipamiento a cambio de un local y de 32.130 euros, ha informado el PSOE en un comunicado.

El beneficiario de la permuta era deudor del Ayuntamiento, circunstancia que lo inhabilitaba para formalizar la operación, pero, según el PSOE, el gobierno municipal de Cájar no sólo lo ignoró, sino que recalificó los terrenos y aumentó la edificabilidad para firmar posteriormente la escritura de permuta, firma que tuvo lugar el mismo día en que el hijo del exconcejal de Urbanismo vendió parte de los terrenos al por entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cájar, Raúl Montoya.

El tribunal aprecia en un auto "indicios suficientes" de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos que fundamenta en un informe emitido por la secretaria interventora del Ayuntamiento el 9 de noviembre de 2009, que certifica únicamente el ingreso en las arcas municipales de 4.431,80 euros cuando, en teoría, debieron ingresarse 32.130 euros.

"Tan sólo se certifica el ingreso en las arcas municipales del importe de 4.431,80 euros del total del importe que debió ser satisfecho por las diferencias existentes en la operación de segregación y permuta realizada entre el Ayuntamiento de Cájar y Ángel Manuel Piñar elevada a pública en escritura el dos de diciembre de 2005", afirma en su auto la Audiencia, que añade que "no siendo coincidentes dichos importes allí reflejados con los importes objeto de ingreso en las arcas municipales certificados por la secretaria-interventora".

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acuerda que se realice la diligencia solicitada por la Fiscalía para que el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil investigue sobre la forma de pago de la operación, las cantidades recibidas y el destino de los fondos que formaban parte de la operación.

OBRAS SIN URBANIZAR NI RECEPCIONAR

Por otra parte, en julio de 2009, el alcalde de Cájar concedió por decreto la licencia de primera ocupación de la vivienda que se había construido en la parcela el entonces primer teniente de alcalde, Raúl Montoya, pese al informe en contra de la secretaria municipal.

El tribunal alude a la existencia de un informe del encargado de obras del Ayuntamiento de Cájar del 17 de julio de 2009, en el que se certifica que la obra de urbanización de la parcela propiedad de Montoya estaba "sin finalizar, quedando pendiente de ejecución la pavimentación asfáltica, colocación de tapas de arquetas, instalación de circuitos de alumbrado y red de baja tensión".

El informe de la Secretaría informa de que "no procede conceder al interesado la licencia de primera ocupación del inmueble por no estar terminadas las obras de urbanización ni recepcionadas por el Ayuntamiento de Cájar".

Estas circunstancias evidencian para la Audiencia Provincial la existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación, por lo que pide que continúen las diligencias de investigación, que fueron archivadas en su día por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada.