SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento andaluz sin necesidad de someterse a votación, ya que ningún grupo ha elevado enmiendas a la totalidad al respecto de dicha norma. De esta manera, la ley sigue su trámite parlamentario en la comisión de Igualdad y Políticas Sociales hasta su aprobación definitiva.
Aprobado por el Consejo de Gobierno a principios del mes de marzo, el proyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007, dotará a la Administración autonómica de mayor capacidad de actuación contra la discriminación, tanto el ámbito sancionador como en el de las políticas activas, además de reforzar el papel de la sociedad y de la coeducación.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado ante el Pleno que esta propuesta ha contado con una "gran participación" de la sociedad y de las instituciones públicas, especialmente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres; y el objetivo que persigue es adecuar la norma del 2007 "a la realidad actual".
La principal novedad es la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. El proyecto detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
CRITICAN LA TARDANZA DEL GOBIERNO
Para posicionar al PP-A sobre el texto legislativo, Ana Vanessa García Jiménez ha relacionado la tardanza del Gobierno andaluz en presentar esta reforma con que su gestión "no se rige por lo que necesitan los hombres y las mujeres sino por calendarios electorales, que es a lo que nos tiene acostumbrados la presidenta, Susana Díaz", así como ha advertido de que la norma, según se desprende del informe jurídico, es "un brindis al sol, marca de la casa PSOE-A".
Entretanto, la parlamentaria popular ha afeado que la Consejería de Hacienda diga que no es necesario aporte presupuestario "porque sus medidas ya están practicándose", mientras ha considerado que la reforma presenta "muchas palabras y pocos hechos". Además, ha incidido en que desde que Susana Díaz es presidenta "ha dejado de gastarse 54 millones en el IAM", y ha exigido que se garantice el cumplimiento de la ley.
Esperanza Gómez, de Podemos Andalucía, ha criticado el "periplo" del Gobierno andaluz hasta presentar este proyecto de ley, que "trata una materia sensible y ante los problemas que tiene Andalucía en materia de igualdad" y "llega tarde". Ha advertido de que la propuesta tiene "pocos compromisos concretos" y responde a la "política anuncio" que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno andaluz, "cuya filosofía son las palabras grandilocuentes y el derecho de la ciudadanía se deja de lado".
En nombre de Cs, Marta Bosquet ha señalado la importancia de normas como ésta porque existe una desigualdad que "estando en el siglo XXI es para que nos sonrojáramos", si bien ha afeado al Gobierno andaluz que la reforma de la ley del 2007 llega al Parlamento "con bastante retraso". Entretanto, ha defendido que es necesario abordar la igualdad con una perspectiva de tras trasversalidad e incentivar a las empresas para erradicar estas situaciones, entre otras medidas que esperan modificar durante el trámite parlamentario.
Por IULV-CA, Elena Cortés, tras criticar que el Gobierno andaluz ha tardado mucho en presentar este proyecto de ley, ha advertido de que "se ha normalizado de manera extraordinaria la violencia constante que las mujeres sufrimos, hasta el punto de que explotación sexual computa a la hora de contabilizar el PIB". Además, ha censurado que desde el 2007 el Ejecutivo andaluz ha protagonizado "una década de incumplimientos" con una norma que "no ha puesto en marcha", a par que ha asegurado que su grupo trabajará a fondo la ley "para que tenga memoria económica".
Por último, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha asegurada que esta reforma es "insólita" y trae un régimen sancionador que es "insólita": "No vamos a hurtar el debate que las mujeres andaluzas se merecen", ha apostillado antes de afearle a los grupos de la oposición que critiquen la tardanza de Ejecutivo en presentar esta norma cuando han pedido más plazo en el trámite parlamentario de la reforma de la ley de violencia de género.
CONTENIDO DE LA LEY
Entre las infracciones graves y muy graves que incorpora el texto aprobado por el Consejo de Gobierno se incluyen la realización de actos que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.
Otra de las líneas prioritarias de la modificación de la ley es la coeducación, cuyos contenidos deberán integrarse obligatoriamente en el diseño y el desarrollo curricular de todas las etapas educativas.
Para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión, la reforma garantiza el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos. Igualmente novedosas son las medidas que establecen la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos.
Junto con ello, las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación. Esta formación computará en los criterios de evaluación para el acceso a la función pública docente. Cada universidad contará con planes sobre la materia y promoverá, además, la creación de cátedras sobre estudios de género y violencia machista.
La reforma legal incluye un nuevo artículo dedicado al papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i, con medidas destinadas a superar los obstáculos en estos ámbitos; eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la presencia paritaria de mujeres y hombres en eventos científicos, académicos e institucionales.
Otro nuevo artículo incorporado al texto es el dedicado a las mujeres jóvenes, para las que se establecen disposiciones dirigidas a promover su incorporación al mercado laboral, facilitar la detección precoz de la violencia de género y fomentar una imagen igualitaria en los medios de comunicación y en la industria del ocio.
En el ámbito socioeconómico, el texto incluye novedades como la elaboración del Plan Especial contra la Desigualdad Salarial, de carácter autonómico, y la garantía de incorporar, en los planes de actuación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, una programación anual de medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual, entre otras medidas.
