26 de octubre de 2020
28 de junio de 2010

Retrasan hasta enero de 2011 el juicio por el caso de las 'facturas falsas' de Baena

CÓRDOBA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Córdoba ha retrasado hasta enero del año 2011 la celebración de la vista oral del juicio seguido, por el caso de las llamadas 'facturas falsas', contra dos funcionarios del Ayuntamiento de Baena (Córdoba) y un empresario de la misma localidad, cuya denuncia originó el caso.

Según dijeron hoy a Europa Press fuentes cercanas al caso, la próxima jubilación del magistrado ponente de la causa y el hecho de que se crea conveniente esperar a la designación de un sustituto definitivo del mismo, entre otros motivos, ha llevado a la Sección Segunda de la Audiencia cordobesa ha posponer hasta el año próximo la celebración del juicio, que iba a tener lugar esta semana, pero que fue suspendido al estar de baja médica el abogado de la acusación popular, la cual pide un total de 18 años de prisión para los dos funcionarios municipales imputados en este procedimiento, aunque no acusa ni pide pena alguna para el empresario.

De hecho, el escrito de la acusación popular, que ejerce la edil de IU en el Ayuntamiento baenense, María Jesús Muñoz, difiere del que formuló el fiscal, no sólo en que no se acusa al citado empresario, A.J.G.R., para el que el fiscal pide seis años de prisión como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, sino también en que a los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P, la acusación los considera los presuntos autores de un delito continuado de estafa, al igual que el fiscal, pero entendiendo un agravante su condición de funcionarios públicos.

Ello determina que la acusación popular pida que se condene a cada uno de los trabajadores municipales a nueve años de prisión, frente a los seis que pide el fiscal, además de que se les imponga una "multa de 30 meses, a razón de 30 euros diarios, y responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago", y que se hagan cargo también de las "costas de la acusación popular".

EL EMPRESARIO

Por su parte, fuentes de la defensa del empresario ya dijeron a Europa Press que piden la "libre absolución" para el mismo, pues "es inocente de todos los cargos de los que le acusa sólo el fiscal", ya que la acusación popular ha "sorprendido gratamente" a la defensa al "no hacer mención" al empresario "y no pedir la apertura del juicio oral con respecto a él".

Por ello, la calificación de la defensa del empresario muestra su "disconformidad con la narración de los hechos formulada por el ministerio fiscal", al entender que A.J.G.R. "no ha cometido delito alguno, ni le corresponde asumir ninguna responsabilidad civil por los hechos".

En este sentido, la defensa del empresario, cuya denuncia y autoinculpación, de la que luego se retractó, fue la que dio origen al caso en el verano de 2007, considera que "se ha acreditado la ejecución de la mayor parte de las obras" a las que se refieren las supuestas facturas falsas, que, en ese caso, serían auténticas y corresponderían a trabajos realmente realizados, mientras que "el resto de obras no se ha podido acreditar que no se hayan ejecutado realmente".

EL FISCAL

Frente a ello, el fiscal entiende que el empresario es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P son los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, "cooperador necesario".

En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, "conjunta y solidariamente", al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que supuestamente han estafado mediante el cobro al Ayuntamiento de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.

HECHOS

A este respecto, la calificación fiscal establece que, durante los años 2005, 2006 y 2007, el acusado, propietario de una empresa de carpintería metálica, "previamente concertado" con los dos funcionarios municipales y con "la finalidad de obtener un beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se había realizado ninguna de las obras, elaboró a nombre del Ayuntamiento de Baena, anotó en su contabilidad como empresario, presentó y cobró de la Corporación local de Baena por trabajos que no había realizado y que correspondían a contratos menores" un total de once facturas.

Después, según el relato de los hechos de la fiscalía, "una vez presentadas al Ayuntamiento las facturas" por el empresario, los dos funcionarios, "a sabiendas de que no se correspondían con la realidad, se encargaban de que las citadas facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas, para que fueran abonadas en la cuenta" del empresario. Cuando las facturas eran abonadas en la cuenta corriente de éste, el empresario "descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el importe restante de las mismas" a los dos empleados públicos, "que incorporaban a su patrimonio particular" ese dinero.

El ministerio público, que no ha visto en estos hechos que se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos, que era una de las imputaciones que pesaba en la fase de instrucción sobre los ahora acusados, entiende, por otro lado, que debe procederse al "sobreseimiento provisional de la causa" respecto a los otros dos empresarios baenenses que estaban igualmente imputados en este procedimiento, pues considera que ninguno de los dos intervino en la realización de las facturas ni en la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes.