SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Silvia Patricia Cortés Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en dos etapas, coincidiendo con Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ha señalado que éste último rechazó a propuesta suya pedir un informe del gabinete jurídico de la Junta sobre la encomienda de gestión, sistema que se implantó en 2010 por la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo y abonadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en sustitución de las transferencias de financiación usadas anteriormente para la materialización del pago.
Así lo ha declarado Cortés Ruiz en la sesión de tarde de este miércoles del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos, entre ellos Guerrero y Márquez --Rivera fue excluido de la causa por la Audiencia-- por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2011.
Con la firma de convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA se establecía que el instituto pague las ayudas concedidas por la Dirección de General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L de la Consejería, que allegaba fondos al ente a través de las transferencias de financiación. Con Daniel Rivera se sustituyen las transferencias de financiación por la encomienda de gestión para que IDEA siguiera abonando las ayudas.
Cortés Ruiz desarrollaba sus funciones en la realización de los expedientes administrativos de las transferencias de financiación de la Dirección General de Trabajo, así como en la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Dirección General de Trabajo.
En su declaración, la funcionaria de la administración autonómica ha explicado los motivos de su cese al final del año 2010, siendo director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera.
Así, tras ratificar su declaración en fase de instrucción, Silvia Patricia Ruiz ha indicado que mantuvo una reunión con la Intervención General sobre el expediente de encomienda de gestión para el año 2011, en la que se le traslada que presentarían reparos a ese expediente porque la figura usada "no era correcta".
Entonces, la funcionaria le plantea a Rivera pedir un informe al gabinete jurídico de la Junta, respondiendo el director general que ya que se contaba con un informe de un despacho de abogados externo sobre la encomienda de gestión.
La declarante, según ha continuado, le trasladó a María José Rofa, asesora de la Consejería de Empleo en materia de ayudas, la situación, afirmando ésta que ella venía advirtiendo lo mismo desde hace tiempo y que no se estaban haciendo las cosas bien.
Rivera, según Cortés Ruiz, le dijo que sí pedía el informe al gabinete jurídico tendría que prescindir de sus servicios y ella renunció a su puesto. La testigo ha asegurado que tuvo que "abandonar su puesto por presiones de Rivera", quien estuvo en al frente de la Dirección General de Trabajo hasta junio de 2012, cuando ya había saltado el caso ERE. Rivera le dio las órdenes para hacer las encomiendas de gestión.
Cortés Ruiz ha comentado que le dijo a Lourdes Medina, ex secretaria general técnico de Empleo y procesada en esta causa, que se marchaba por "desavenencias" con Rivera sin entrar en los motivos. En este sentido, ha indicado que Medina "nunca" le dio pautas sobre el programa 31L.
Ante la falta de respuestas o sus repetidas contestaciones de "no lo recuerdo" a preguntas del fiscal Manuel Fernández, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha interrumpido al representante del Ministerio Público para preguntar si consideraba "oportuno" continuar con el interrogatorio, a lo que éste ha respondido que "sí".
De otro lado, Cortés Ruiz ha indicado que la persona que decidía el presupuesto de la partida 31L y el dinero destinado de la misma a IFA/IDEA para el pago de las ayudas era el director general de Trabajo.
Por último ha señalado que la finalidad de las transferencias de financiación a IFA/IDEA eran el pago de las ayudas, algo que "sabía todo el mundo", pues venía recogida en los presupuestos, que después de se aprobaban en el Parlamento.
"PODÍAN TENER PROBLEMAS LEGALES"
Tras Cortés Ruiz ha comenzado a declarar como testigo María de la Palma Muñoz, letrada de la asesoría jurídica del IFA desde 2003 hasta 2015, ejerciendo de coordinadora y de directora. En este sentido, ha señalado que conoció cuatro directores generales y siempre dependió su labor del secretario general y jefe de la asesoría jurídica, comenzando por Francisco José Oyonarte, quien le encomendó entre sus funciones analizar los convenios específicos de las ayudas porque "podían tener problemas legales".
Palma Muñoz, experta en derecho comunitario, ha señalado que Oyonarte le pidió que los leyera y también le pasó el convenio marco de 2001 para en análisis.
El convenio marco, según le trasladó Oyonarte, era "una orden de pago, una encomienda para materializar el pago". En la Consejería de Empleo, "según entendimos", había "un procedimiento en relación a la normativa vigente".
Palma Muñoz, como ya ha declarado Oyonarte ante la Sala que juzga el procedimiento específico de los ERE, ha señalado que sólo tenían los convenios y no conocían los expedientes administrativos de los ayudas, que fueron solicitados por entonces director general de IFA Francisco Mencía a Empleo, pero "no llegaron". "Esperamos a que llegaran para pronunciarnos y no especular sobre posibles problemas jurídicos", ha manifestado.
"Me encontraba en un limbo porque no era la autoridad que concedía las ayudas", ha expresado la testigo, pues el órgano concedente era la Dirección General de Trabajo y por ello no contaba con elementos para en análisis de los convenios. A su juicio, había que conocer el expediente para "clarificar" las ayudas a empresas, principalmente. Esto es, si eran ayudas de "salvamento o de reestructuración", en relación a los parámetros comunitarios.
De otro lado, ha asegurado que los convenios particulares no establecían el régimen jurídico de las ayudas, al tiempo que ha declarado que Oyonarte ofreció a la Consejería de Empleo, en virtud del convenio marco, asistencia técnica para las ayudas y "no se mostró interés" por la Consejería.
La testigo, igualmente, ha asegurado que desde la asesoría jurídica "nunca" entraron en el procedimiento de concesión de ayudas, ni conocía la fiscalización de las mismas.
"SE DEVOLVÍAN MUCHOS CONVENIOS PORQUE NO CUMPLÍAN LOS REQUISITOS"
Por último, entre otras cuestiones, ha manifestado, a preguntas de la Fiscalía, que devolvía "muchos" convenios a la Dirección General de Trabajo porque "no cumplían los requisitos mínimos", siendo la única referencia legal que se tenía el convenio marco y que establecía "que tenían que tener" los convenios específicos.
Los convenios particulares, según ha recordado, recogían de manera "sucinta" la motivación y ha apuntado un convenio que trasladó en marzo de 2004 a Oyonarte que no se podía firmar porque "no era una ayuda sino una prestación de una empresa a la Consejería de Empleo" en las residencias de tiempo libre de la Junta.
La declaración de María de la Palma Muñoz seguirá el próximo lunes 14 de mayo, continuando con las preguntas del Ministerio Fiscal.
