SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ejerce la acusación popular, pide entre dos y ocho años de prisión y entre diez y 23 años de inhabilitación para 19 investigados, entre ellos varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía como el exdelegado provincial de Economía e Innovación y exalcalde de Granada Francisco Cuenca --para el que solicita dos años de cárcel y diez de inhabilitación--, por la supuesta usurpación de funciones en la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que estos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social durante 2010, 2011 y 2012.
Todo ello después de que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilplana, acordara el pasado mes de octubre continuar por los trámites del procedimiento abreviado esta causa en la que atribuye a estos 19 investigados por los presuntos delitos de usurpación de funciones pública, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato, denunciante original de este asunto, señala que los investigados en la presente causa, "vía contratación de servicios a prestar por particulares, se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo aquellas tareas, pese a que la ejecución de estas formaría parte de las potestades que se encuentran reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos".
Entre los investigados se encuentran además de Cuenca, los exdelegados territoriales Marta Rueda, Manuel Gabriel Pérez, Ana María Barbeito y Angelina María, y las potestades en tal sentido usurpadas consistían en tareas de seguimiento, control y verificación de la ejecución de Cursos de Formación Profesional para la Economía Social y Jornadas Técnicas de difusión en las ocho provincias andaluzas, ha adelantado el diario 'Granada Hoy'.
Ello "se materializaría en la presentación por parte del 'Inspector' --contratista particular-- de informes sobre el estado de la ejecución de las actuaciones programadas, reflejando todas aquellas incidencias detectadas en las visitas a los cursos y jornadas de difusión".
Al hilo, el propio juez subraya que "los particulares contratados no podrían ejercitar tales potestades administrativas, pues sólo las mismas podrían ser ejercitadas por funcionarios públicos", quienes son los únicos que "pueden, en el marco de actuación de una Administración pública, realizar actuaciones o desempeñar funciones de evaluación, de control, de vigilancia e inspección, autorizatorias o de propuesta de resolución, al tratarse de funciones netamente administrativas y suponer su ejercicio una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del poder público".
SOBRE EL EXALCALDE DE GRANADA
En relación al exalcalde de Granada, el magistrado precisa que consta en autos que, en su calidad de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta, "habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en la provincia de Granada durante los ejercicios 2010 y 2011".
En este sentido, el instructor añade que se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como 'Memoria Justificativa', articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, "sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva", en concreto por el importe de 12.412 euros el contrato menor correspondiente a 2010 y por el importe de 12.000 euros el contrato menor correspondiente a 2011.
Así, se atribuyó "la detentación de funciones públicas" a dos empresas contratistas "de forma injusta y arbitraria", una detentación "que se habría materializado en el empleo de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".
