GRANADA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) ha dado este lunes un paso más en su camino hacia la petición de elecciones municipales anticipadas al aprobar en Junta de Gobierno Local el informe que será remitido al Consejo de Ministros del Gobierno solicitando la disolución de la corporación ante la situación de "ingobernabilidad" que vive el municipio desde el mes de septiembre de 2011 "con la que se ha dinamitado la viabilidad del Ayuntamiento, la acción de gobierno y se han reventado los servicios públicos municipales".
El actual equipo de gobierno, formado por siete ediles socialistas y uno de IU, ve imposible sacar adelante ninguna de sus propuestas para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, como el plan de ajuste negado hasta en tres ocasiones por la oposición o cualquier otra iniciativa de calado para mejorar el municipio.
Debido a la no aprobación del Plan de Ajuste a partir de ahora, ha explicado en rueda de prensa el alcalde, Sergio Bueno, "nos detraen un 50 por ciento de la PIE y tenemos que hacer frente a la deuda de 6,5 millones con proveedores en un plazo récord de 5 años, en la mitad de tiempo y con la mitad de ingresos que la mayoría de municipios españoles y de municipios cercanos como Armilla, Granada, Atarfe u Ogíjares, que lo harán en 10 años".
De haber aprobado alguno de los tres planes de ajuste, hubiésemos tenido hasta diez años para alcanzar el objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria a la que obliga la norma", explica el edil. En estos momentos, ese ajuste "es imposible porque es tanto como cerrar el Ayuntamiento, no prestar servicios y seguir cobrando impuestos a los vecinos".
Bueno ha presentado la iniciativa como "justificada tanto jurídica como políticamente" porque lo que pretendemos es "evitar la violación de los servicios públicos y por ende de los derechos de la ciudadanía de Santa Fe". A este respecto, el edil ha hecho hincapié en que está "fundada sólidamente en la Ley de Bases de Régimen Local, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la Ley de Régimen Electoral General y en la propia Constitución Española".
Acompañado por el primer y segundo Tenientes de Alcalde, José María Aponte y Manuel Gil, respectivamente y de su socio de gobierno, Rafael Alconchel (IU), Sergio Bueno ha afirmado que sus sucesivos equipos de gobierno se han caracterizado "por la solvencia, por la capacidad de negociación y de pacto para entendernos claramente con otras fuerzas políticas, sindicatos y empresas". Cuando se alude a la falta de voluntad para negociar por parte de la oposición, afirma, "se falta flagrantemente a la verdad".
El edil ha subrayado que con esta iniciativa se inicia en Santa Fe un nuevo ciclo en el que los ciudadanos tendrán más participación y más democracia porque durante el último año "se ha violado la voluntad popular reflejada en las urnas" recordando que en mayo de 2011 el PSOE-A venció las elecciones municipales en Santa Fe, en esta ocasión con mayoría minoritaria.
Para el alcalde, la situación municipal es de "bloqueo constante a cualquier propuesta conducente a procurar mejoras para el municipio o medidas para atajar el déficit público, rechazadas sistemáticamente por el pacto tácito de apoyo entre el PP y la concejala tránsfuga Ana Bella Camacho". Por ello, "pedimos que se de la palabra a la ciudadanía, independientemente del resultado que este proceso electoral tenga, para defender el interés general de Santa Fe".
Sostiene que el municipio vive una situación "esperpéntica" alentada por la situación de "transfuguismo" protagonizada por la ex edil socialista, quien en más del 80 por ciento de los casos da su voto a favor del PP de Santa Fe y, generalmente, en dirección contraria a la voluntad del gobierno municipal "únicamente movida por el odio y el egoísmo", ha apostillado Bueno.
De forma detallada, el informe jurídico elaborado por el consistorio santaferino recoge un balance de los acuerdos plenarios del último ejercicio dictaminando que "de los 19 plenos celebrados --en 15 sesiones (78,94 por ciento de las sesiones)-- se han promovido acuerdos produciendo 36 iniciativas en las que tanto el PP como la concejala tránsfuga han adoptado o pretendido adoptar acuerdos que directamente han perjudicado las políticas desarrolladas por el equipo de gobierno".
Por ello, entiende que el Ayuntamiento tiene una "causa justa con fundamentación jurídica y legal" para solicitar la disolución de la corporación y la convocatoria de nuevas elecciones que, de contar con el visto bueno del Gobierno Central, se celebrarían en marzo de 2013.
Hasta entonces, el equipo de gobierno de Santa Fe mantendrá una ronda de encuentros institucionales para dar a conocer su iniciativa, con portavoces parlamentarios de distintas formaciones políticas en el Senado o con el propio Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas para trasladarle la situación real del municipio, así como con el tejido empresarial, económico y social del municipio para "que conozcan, apoyen y se sumen a esta iniciativa en pro de la Democracia porque se está lesionando gravísimamente el interés de la pequeña y mediana empresa y el futuro de casi 20.000 habitantes". Igualmente, se mantendrá informado paso a paso de esta propuesta al Gobierno de la Junta de Andalucía, ha afirmado Bueno.
El equipo de gobierno entiende que la resolución a la actual situación debe ser resuelta por las urnas, por la ciudadanía "que es en esencia a la que nos debemos tanto los representantes institucionales como el conjunto de poderes públicos del Estado". La situación requiere de una solución sencilla, más Democracia, ha zanjado Bueno.
Con este procedimiento "se devolvería la situación de legitimidad democrática que se ha perdido, en este caso por un caso transfuguismo que ha provocado un bloqueo financiero y económico. Entendemos que son los ciudadanos los que deben tener la voz y propiciar la vuelta a la normalidad democrática". A este respecto ha subrayado no tener "ningún tipo de temor ni de cortapisa de que la ciudadanía hable porque es una voz democrática de la que saldría un Pleno democrático refrendado por las urnas".
El Ayuntamiento de Santa Fe espera ahora que el Gobierno del Presidente Rajoy sea consecuente con las mismas leyes que él ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. En 1998 se suscribió por el entonces Ministro de Administraciones Públicas, D. Mariano Rajoy Brey, así como por un amplio número de fuerzas políticas, el Código de Conducta Política en Relación con el Transfuguismo en las Corporaciones Locales.
Este pacto, manifiesta el informe, alerta de "las consecuencias de esta práctica cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no solo perjudiciales para la gobernabilidad de los municipios, sino que deterioran los fundamentos del sistema político". Entre los partidos firmantes se encontraba el PP por lo que el alcalde ha definido la conducta política de esta formación en Santa Fe como "la primera trasgresión continuada del código antitransfuguismo".
Por último, el alcalde ha explicado que si bien el cambio en la Corporación no remediaría las graves consecuencias económicas que traerá a partir de este mes de octubre el no tener un Plan de Ajuste sí garantizaría otro marco de relación democrático necesario para negociar medidas y mejoras alternativas con las distintas fuerzas políticas de Santa Fe.
