El instructor de cuatro atestados considera las ayudas "ilegales" que se dan "por criterios arbitrarios"
SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
El sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e instructor de cuatro atestados que obran en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha manifestado este miércoles que "entiende que el Consejo de Gobierno conocía el sistema" de concesión de ayudas de los ERE y "lo amparaba" con la aprobación de las modificaciones presupuestarias, con las que "estaba cebando" la partida presupuestaria con la que se pagaban las ayudas, la 31L.
Así lo ha manifestado este agente de la UCO en la sesión de tarde de este miércoles, en la que ha continuado declarando como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y las directas a empresas en crisis en el marco de los ERE fraudulentos.
El agente, que lleva doce años en el Grupo de Delincuencia Económica y de lucha contra la Corrupción de la UCO, ha ratificado previamente los cinco atestados en los que ha intervenido, cuatro como instructor y uno como secretario, y que obran en la causa de los ERE. Entre ellos fue el instructor del informe sobre las ayudas sociolaborales en el ERE del restaurante de Río Grande, sobre el entramado de empresas de los exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y José Enrique Rosendo, ya fallecido y que fuera hijo del exalcalde socialista Enrique Rosendo. Además, el agente instruyó el atestado sobre las ayudas concentradas en la Sierra Norte.
Durante el interrogatorio del fiscal, que se ha prolongado por espacio de hora y media aproximadamente, el agente ha señalado que el procedimiento de concesión de ayudas era "totalmente opaco", apuntando que "no había solicitud formal de ayuda, ni memoria, ni certificado de obra, ni proyecto, no hay ningún tipo de documentación", sólo el convenio particular firmado la Dirección de General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las mismas, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, por el que el Instituto materializa el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General tras recibir, vía transferencias de financiación, fondos del órgano concedente con cargo al programa presupuestario 31L.
ES "EVIDENTE" QUE EL CONSEJO DE GOBIERNO CONOCÍA EL SISTEMA
Ya por la tarde, y a preguntas del abogado de la acusación del PP-A, Luis García Navarro, sobre el conocimiento del Consejo de Gobierno de la concesión de estas ayudas, el agente de la UCO ha afirmado que es "evidente" que lo conocía. Este conocimiento, según ha explicado, se tiene "a través de las modificaciones presupuestarias con el que se puede pagar este sistema". Además, ha apuntado los borradores de decreto de regulación de estas subvenciones que pasaron por la comisión general de viceconsejeros -'consejillos'-- y salieron adelante. Simultáneamente al convenio marco, se aprueba el decreto de Reglamento de Subvenciones de noviembre de 2001, marco legal en el que "deberían haberse" concedido las ayudas.
Ha insistido en que las modificaciones presupuestarias se exponían el objeto de las mismas. "Es obvio que a través de las modificaciones podían conocer que se concedían ayudas sociolaborales y a empresas", ha añadido.
De otro lado, el sargento de la Guardia Civil ha apuntado de las ayudas analizadas sólo dos, las concedidas a Pickman y A Novo, llegaron al 'consejillo'--por ser de cuantía superior a 1.200.000 euros-- para ser elevadas al Consejo de Gobierno, pero este órgano hizo de "cortafuego" para que no llegaran al Consejo de Gobierno. La de Pickman, cuando vuelve al Consejo Rector del IFA/IDEA "se trocea". "Si se aprueban en el Consejo de Gobierno podían ser más conocida y eran ayudas opacas y que no tenían publicidad", ha añadido.
Otro elemento para fundamentar para el conocimiento del Consejo de Gobierno, el agente ha indicado el análisis de las actas del Consejo Rector de IFA/IDEA. Ha reiterado que con las modificaciones presupuestarias, de las que identificaron unas 21 por valor de cien millones de euros, "se pudo amparar la concesión de ayudas".
El abogado del PP-A le ha preguntado si cree que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán o los consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo, todos procesados en la causa, pudieron conocer el sistema de concesión de ayudas. El sargento de la UCO ha manifestado: "Hablo del Consejo de Gobierno. Entiendo que conocía el sistema y lo amparaba con las modificaciones presupuestarias, que se prolongó durante muchos años".
A continuación y a preguntas del abogado del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresas Francisco Vallejo sobre qué órgano decidía financiar al IFA, el agente ha afirmado que es el Consejo de Gobierno el que aprobaba las modificaciones presupuestarias y es el Consejo de Gobierno el que "está cebando" esta partida presupuestaria", la 31L.
"CONCIERTO PREVIO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS"
Preguntado por el abogado del PP si había un concierto previo entre el beneficiario de la ayuda y quien pudiera facilitar o conceder ayudas como recoge el atestado, el sargento de la UCO ha indicado que "no hay engaño a la administración porque no hay documentación de solicitud", más bien lo que hay es "un conjunción de voluntades, un concierto previo para la concesión de ayudas" en relación a lo investigado en la Sierra Norte.
Y sobre a quién se refiere al hablar sobre quienes podían facilitar o conceder las ayudas, ha manifestado que "a los responsables de la Dirección General de Trabajo y de la Consejería de Empleo", añadiendo que, en relación a las ayudas a empresas de esta zona geográfica, "se usa el convenio marco como un instrumento para conceder ayudas personas determinadas".
De otro lado, ha asegurado que es "obvio" que existe un uso "discrecional" de fondos, y ha manifestado que el Reglamento de Subvenciones regulaba la concesión de las ayudas y subvenciones, pero "se usa un convenio --marco-- opaco para disponer de las ayudas".
Precisamente, sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte investigadas, el sargento ha señalado la existencia de "un marco de corrupción y abuso descontrolado", apuntando "el desequilibrio total" entre las ayudas concedidas a sociedades de esta zona y al resto de Andalucía.
Por último, e insistiendo en el convenio marco, ha recordado que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, procesado en esta causa, dijo en la comisión de investigación que había que "buscar un instrumento rápido y eficaz para solucionar los problemas sociolaborales". "Hay una génesis, está claro, y lo dice él mismo", ha afirmado el agente sobre lo dicho por Viera.
A preguntas del abogado de Viera, el sargento ha considerado que las ayudas a empresas investigadas y concedidas al amparo del convenio marco son "ilegales" porque "no hay norma reglada", añadiendo que debieron haberse regido por el Reglamento de Subvenciones y la Ley General de Hacienda.
En este sentido, ha continuado afirmando que el convenio marco de 17 de julio de 2001 "propicia la opacidad, pues no hay publicidad de las ayudas", aunque se dieran dos ayudas días después a empresas del exalcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Además, se dieron ayudas antes del convenio marco a otra empresa de la Sierra Norte de Sevilla. Es decir, "ayudas 'ex profeso'" y "propiciadas por cargos públicos como Viera", cuya hija figuraba como única trabajadora en una de las empresas beneficiarias de ayudas en esa zona.
