SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado este martes "una buena financiación autonómica" para que Andalucía tenga "el horizonte de oportunidades y de esperanza" que está en condiciones de protagonizar, sin "desigualdad ni agravios", y que ese debate se afronte de forma multilateral, porque "la bilateralidad no es tan transparente". No obstante, la presidenta ha considerado que en España hay actualmente un ambiente "convulso y enrarecido" y que no parece que haya "una estabilidad política que permita las grandes reformas territoriales que requiere este país".
Susana Díaz se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de entrega al Gobierno andaluz de los documentos de propuestas para el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y sobre la reforma territorial, elaborados por comisiones de expertos y expertas de las universidades públicas andaluzas.
Díaz ha expuesto que "la financiación autonómica marca o lastra el desarrollo", de tal forma que permite que el crecimiento "sea más rápido" o bien "se ralentice". En el caso de Andalucía, ha recordado que la infrafinanciación ha supuesto la pérdida de 5.500 millones de euros y dejar "fuera del sistema" a 220.000 andaluces que forman parte de la población de derecho de la comunidad, y se ha traducido, a su vez, en 3,2 puntos menos de crecimiento.
Durante su discurso, la presidenta ha querido dejar claro que las normas de convivencia y las reglas de juego las tenemos que diseñar entre todos, porque es la única garantía para que sean duraderas y para reforzar la democracia y no poner en cuestión las instituciones. "Todo lo que sea entregar a la aritmética parlamentaria las grades reformas de este país lastran mucho la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la credibilidad de las instituciones para hacer frente a las necesidades de la sociedad", ha indicado.
Ha considerado que el ambiente en España "está convulso, enrarecido y no parece que haya en estos momentos una estabilidad política que permita las grandes reformas territoriales que requiere este país". En cualquier caso, ha querido dejar claro que, cuando llegue la hora de afrontar esas reformas, Andalucía tiene que llegar con los deberes hechos y procurar que el acuerdo sea lo más mayoritario posible.
Para Susana Díaz, Andalucía entendió, ya el 4 de diciembre y el 28 de Febrero, su papel para "construir, armonizar y garantizar la igualdad de oportunidades" en España, alcanzando la "autonomía plena" y "abriendo la oportunidad al resto de territorios de hacerlo de la misma manera".
En su opinión, 40 años después "volvemos a tener los mismos fantasmas, las mismas incertidumbres y los mismos horizontes de debate, prácticamente con los mismos protagonistas, y Andalucía tiene que saber jugar ese papel". La presidenta ha señalado que no se trata de un debate a corto plazo, pero "cuando se produzca, Andalucía tiene que llegar con los deberes hechos y procurar que el acuerdo sea lo más mayoritario posible".
"Eso es lo que el Gobierno andaluz pretende, garantizando la igualdad de los ciudadanos, la cohesión territorial y un proyecto común, ese espacio público compartido de España, que tiene presente y tiene futuro y que se tiene que construir desde la igualdad y desde la unidad", ha añadido.
Díaz ha ensalzado el papel de las universidades como fábricas del conocimiento y ha apuntado que los documentos que han elaborado contribuirán a ampliar la "base del gran acuerdo político y social" encabezado por el Parlamento sobre la reforma del sistema de financiación. En el acto, además de los representantes de las universidades, han estado presentes miembros de los grupos del Parlamento andaluz y dirigentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de los sindicatos UGT-A y CC.OO-A.
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Jesús Ramos Prieto, como coordinador del grupo de trabajo, ha sido el encargado de presentar el contenido del documento sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, donde se señalan una serie de directrices o pautas en relación con este debate, como son la objetividad, la sencillez y la transparencia; suficiencia financiera; equidad, nivelación y solidaridad; autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, y otros principios como coordinación, lealtad institucional y multilateralidad.
"La reforma del sistema de financiación debe negociarse y acordarse
en un escenario multilateral, en el que estén presentes tanto el Estado
como la totalidad de las comunidades autónomas", según se indica.
Se aboga por la creación de un único mecanismo nivelador de carácter incondicionado que persiga la igualdad de recursos por habitante, un fondo que debería nutrirse de transferencias horizontales entre comunidades autónomas,
incluyendo a las forales, y de una transferencia vertical procedente de
la administración central.
Asimismo, se señala que se deben revisar los criterios de reparto de la financiación que tradicionalmente se ha basado en el coste efectivo y en aspectos "que poco tienen que ver con las necesidades de gasto reales de cada comunidad". "La población de derecho nos parece el más adecuado para ello dada su sencillez y objetividad", según recoge el documento.
Para el grupo de trabajo, los criterios de reparto en el actual sistema de financiación "son contradictorios y sin un patrón de referencia compartido
y asumido". "Las diferencias en recursos en las distintas Comunidades Autónomas implican una desigual distribución en la prestación de servicios públicos, tanto
de los fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) como del resto
de competencias autonómicas", se advierte.
Respecto al documento sobre la reforma territorial, presentado por el coordinador del grupo, andaluzas Xavier Coller, se señala que el estado de las autonomías se creó para articular un encaje institucional a la diversidad
cultural y política y ha cumplido esta misión importante no sin dificultades. "El balance puede ser considerado positivo aunque el paso del tiempo ha puesto de manifiesto ciertos desajustes en el funcionamiento del estado de las autonomías que conviene considerar".
Se indica que hoy podemos decir que el estado de las autonomías que tenemos "no encaja bien con el estado autonómico", unos desajustes que suelen atribuirse bien al desgaste de las instituciones o a su mal funcionamiento directamente, con lo que se sugiere una trasformación de las mismas, bien al funcionamiento "deficiente de los actores" (partidos, medios de comunicación, sociedad civil o ciudadanía), con lo que se sugiere un reajuste de algunas pautas de comportamiento o diseño institucional.
El documento pone de manifiesto que aunque existe desde hace tiempo una reflexión pública sobre la manera de mejorar el encaje territorial de España, a nadie se le escapa que las reivindicaciones nacionalistas que muestran las aspiraciones de partes importantes de la sociedad (tanto en el País Vasco
primero como en Cataluña después) aumentan la urgencia de afrontar el reto planteado al ordenamiento territorial para fortalecer nuestra convivencia.
