Testigo asegura que la actuación de la intervención en los ERE "no salva la responsabilidad de nadie"

Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio por los ERE
POOL - Archivo
Actualizado: martes, 26 junio 2018 13:43

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Luque Alfonso, quien fuera interventor delegado en la Consejería de Empleo de la Junta entre noviembre de 2008 y diciembre de 2012, ha expresado este martes, durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla por la pieza política de los ERE irregulares, que la actuación de la intervención durante los años que se juzgan, entre 2001 y 2010, "no salva la responsabilidad de nadie", al tiempo que ha reconocido que le "extrañó" que la Cámara de Cuentas nunca auditara un ente tan importante como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), responsable de la materialización del pago de las ayudas investigadas.

Luque Alfonso ha declarado este martes como testigo, el número 50 de una lista de 150, en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares durante diez años. En virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, este ente pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General, que allegaría estos fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, herramienta que, según las acusaciones, permitió que se eludiera la fiscalización previa de las ayudas investigadas.

Cabe recordar que en marzo de 2017 la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó de forma definitiva el archivo de la causa contra Luque dentro de la pieza política de los ERE, después de la decisión en los mismos términos del juez instructor Álvaro Martín.

Luque, que ha ratificado sus declaraciones ante la Guardia Civil y en fase de instrucción en calidad de investigado con algunas matizaciones, ha explicado que las transferencias de financiación eran objeto de fiscalización previa, si bien ésta era "muy simplificada", ya que venían avaladas por la aprobación de la Ley de Presupuestos cada año. Además, ha añadido otra razón por lo que ha hablado de fiscalización "muy simplificada" y es que existía "un mandato presupuestario para una aportación dineraria que transferir a un ente".

El testigo, al que no se le transmitió inquietud alguna por el uso inadecuado de estas transferencias para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas por parte de al Consejería de Empleo, ha indicado que con carácter general la finalidad de esta herramienta es para operaciones genéricas de la entidad que lo recibía sin compensación alguna.

Igualmente, Luque, que ha admitido que no tenía conocimiento de las ayudas investigadas durante su etapa como interventor delegado en Empleo entre 2008 y 2012, ha asegurado que "no podía" hacer un juicio crítico en la fiscalización de los expedientes de las transferencias de financiación sobre si los fondos iban a pagar actividades de IFA/IDEA, "ni lo tenía que hacer". "No formaba parte de mi trabajo, lo dábamos por hecho porque éstas se aprobaban en la Ley de Presupuestos", ha añadido al respecto.

Luque, que ha reiterado que las transferencias de financiación tenían una fiscalización previa "muy particular" con unas características que la hacían "muy nimia", ha rechazado que sea cierto que el interventor delegado estuviera obligado a examinar el destino de las transferencias en su fiscalización para comprobar que la naturaleza de las mismas era adecuada. "El contenido de las mismas estaba implícito y expreso en la Ley de Presupuestos y era que su aplicación no podía ser más que la financiación de IFA/IDEA", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que "en ningún modo y de ninguna manera se colige ni en las memorias, ni en los presupuestos ni en los documentos de las transferencias de financiación que se fiscalizaban que las ayudas las concedía la Consejería de Empleo".

El abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha planteado a Luque si de haber sabido que se estaba haciendo un uso inadecuado de las transferencias que él fiscalizaba hubiera emitido reparo suspensivo. El testigo, ante esto, ha manifestado que "no sabe qué hubiera pasado". "Soy un profesional y no me voy a poner a hacer supuestos, quizás me hubiera puesto en contacto con el interventor general y lo hubiera puesto en su conocimiento", ha comentado.

"PARECEMOS MÁS ACUSADOS QUE LOS PROPIOS ACUSADOS"

No obstante, Luque, disconforme con hablar del pasado con posterioridad y con suposiciones, ha explicado que en la época en la que fue interventor delegado se vivía "una situación de normalidad, de rutina cotidiana y pacífica, sin que se diera la posibilidad de atribuir a la maldad lo que es fruto de la inercia y rutina". Aunque posteriormente ha matizado que él no sabía si este ambiente de "normalidad" demostraba que se sabía que se hacían las cosas bien o no, porque "luego parece que no".

Igualmente, el testigo ha defendido la labor de la intervención y, por contra, ha planteado que la Cámara de Cuentas, que tiene la obligación de auditar la cuenta general de la Junta en la que aparecen las transferencias de financiación, podía haber tomado como alcance revisar la contabilidad y la finalidad de las mismas. "Me extrañó que nunca auditara un ente tan importante como IFA/IDEA", ha resaltado.

"Parecemos más acusados que los propios acusados", ha lamentado Luque sobre los interventores y su papel en los hechos investigados, por los que sólo está acusado el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez. "Por qué nadie planteó que la Cámara de Cuentas interviniera", ha insistido.

"Nosotros --los interventores-- hemos hecho un trabajo convencido de que actuamos de forma legal y ortodoxa, pero si no decimos nada parece que todo está bien, y cada uno tiene su responsabilidad", ha continuado declarando Luque, quien ha comparado la labor de la intervención con la del agente de Aduanas que hace bien su trabajo pero al que se le puede escapar alguna vez una sustancia ilegal.

"No salva la responsabilidad de nadie la actuación de la intervención, que no puede ir más allá de lo reglado", ha expresado Luque.

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