JAÉN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presenta este martes en el Congreso durante la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas el 'Informe de Fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Jaén' que fue aprobado por el pleno de la institución el pasado mes de diciembre y determinó que "no se llevó a cabo planificación alguna" en el desarrollo del tranvía jiennense.
Los objetivos del informe eran verificar los contratos relacionados con la construcción, puesta en marcha, funcionamiento y explotación del tranvía y las incidencias en su ejecución; y analizar la repercusión que la construcción y gestión del tranvía ha tenido sobre las haciendas del Ayuntamiento de Jaén y de la Junta de Andalucía, así como los posibles gastos por su inactividad.
El Tribunal de Cuentas aseguró, en relación con la planificación del tranvía, que "no consta la existencia de antecedentes ni la realización de estudios previos", por parte de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento de Jaén, dirigidos a valorar la posible implantación en Jaén de un tranvía.
Además, tampoco consta que se realizaran informes en los que se comparara el transporte tranviario con otros medios alternativos. Ello, según el tribunal, "pone de manifiesto que no se llevó a cabo planificación alguna para el desarrollo de esta iniciativa".
En relación con los contratos y convenios celebrados para la construcción, puesta en marcha, funcionamiento y explotación del tranvía, el Tribunal de Cuentas afirmó que la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) "atribuyó el desarrollo de la obra" al ente público Ferrocarriles de la Junta (FFJA), entidad que, a su vez, contrató con terceros la totalidad de los trabajos encargados. Una actuación "cuestionable" en la medida en que el objeto de la entidad "consistía en la realización de las actuaciones que le encargara la COPT, quedando con ello esta "ajena al control de la ejecución de la actuación encargada".
De igual modo, para la puesta en funcionamiento del tranvía, el Ayuntamiento de Jaén celebró diversos contratos en los que el Tribunal detectó "actuaciones que no fueron acordes con los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos", así como "infracciones" de la normativa de contratos; entre ellas: la falta de justificación de la necesidad de la contratación o la tramitación por procedimiento negociado sin publicidad.
La Junta de Andalucía, según el Tribunal de Cuentas, "no procedió a la liquidación final de la subvención extraordinaria" al Ayuntamiento para el traslado de la policía local.
Además, "exigió improcedentemente" por el procedimiento de apremio al Ayuntamiento sus obligaciones de financiación del 50 por ciento del coste de la dirección de las obras y de la adquisición del material móvil.
APERTURA DE DILIGENCIAS
El Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares el pasado mes de febrero a partir de su informe sobre el tranvía de Jaén. Las diligencias fueron remitidas tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado, además de al Ayuntamiento de Jaén y a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Contra esta decisión cabe interponer recurso de reposición.
En la documentación remitida desde el Ayuntamiento de Jaén y sobre la que no se pronunciaron desde el Consistorio, se aportaron los informes remitidos anteriormente tanto por el Ministerio Fiscal como desde la Abogacía del Estado en los que se aprecia "la existencia de indicios de responsabilidad contable", de ahí que se apoye su remisión a la Sección de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas.
Dos son las cuestiones que se destacan para haber llevado a cabo la apertura de estas diligencias preliminares como es el convenio firmado en 2009 por la Universidad de Jaén con Ferrocarriles de la Junta de Andalucía por 68.702 euros para una investigación sobre la integración de personas con dependencia en el sistema de tranviario. Según se recoge en la documentación, la modalidad de convenio no era la adecuada según la legislación y se debería haber optado por un contrato administrativo.
La segunda de las cuestiones en el punto de mira son las obras realizadas por el Ayuntamiento de Jaén para el traslado de la Policía Local por no constar un informe justificativo del traslado de las dependencias policiales a otra sede.
