SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga a los 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha realizado un llamamiento a los peritos de auxilio judicial y de parte para no reiterar "cuestiones debatidas hasta la saciedad".
Durante la sesión de tarde de martes, el magistrado-presidente de la Sala ha hecho este llamamiento a los nueve peritos que desde hace cinco semanas intervienen en la prueba pericial de la vista oral, en concreto los tres peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), los dos peritos propuestos por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, los dos propuestos por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y los dos peritos de parte del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez.
Ante las réplicas y contraréplicas de los peritos en las que abordan cuestiones y planteamientos ya abordados en las cinco semanas que dura la prueba pericial conjunta, el presidente de la Sala ha hecho un llamamiento a los intervinientes para que no reiteren "cuestiones amplia y reiteradamente debatidas".
"No tiene sentido reiterar en el debate lo que está reiterado hasta la saciedad", ha añadido el magistrado Calle Peña. Éste no ha sido el único llamamiento que ha realizado en la jornada de este martes. En la sesión de este martes por la mañana y en pleno debate intenso entre el abogado de Lozano y Griñán y Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, ha instado a "los peritos en sus respuestas y a las partes en sus preguntas a adecuarse a la máxima corrección".
Precisamente, antes de esto, el abogado José María Mohedano protestaba al tribunal: "Un perito no debe decirme nunca 'como debería usted saber' y me lo ha dicho dos veces".
La sesión de tarde de este martes, durante la continuación del interrogatorio del abogado de Lozano y Griñán, ha vuelto a poner en el centro del debate los acuerdos anuales del Consejo de Gobierno para los planes de Control Financiero Permanente de empresas públicas. Así, tras exhibición del plan de actuación para el ejercicio de 2007, Mohedano ha preguntado si se recogía un plan de acción con actuaciones para cortar las irregularidades en las ayudas de los ERE.
Juan Zornoza, perito de parte propuesto por esta defensa, ha señalado que "ya eran evidentes" estas medidas en acuerdos anteriores. "No eran programas vagos de actuación, sino medidas concretas", ha añadido.
Por contra, Turrión ha indicado que "no son medidas nuevas, sino repetición del decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía". "No es ninguna medida concreta, sino un plan de auditorias para el año siguiente", ha precisado.
Por último, Mohedano ha preguntado a los peritos "si conocían que el Tribunal de Cuentas, en sus procedimientos abiertos y en los que ha dictado sentencia condenando a altos cargos de Empleo, exoneró a altos cargos de Hacienda". En este momento, la abogada de la acusación del PP-A ha pedido al tribunal que la pregunta partía de una premisa "falsa" porque las demandas de la Junta ante el Tribunal de Cuentas iba contra "cargos de la Consejería de Empleo y no de Hacienda", por lo que la Sala ha pedido al abogado de la defensa que reformule la pregunta.
No obstante, Turrión ha señalado que no conoce las sentencias a las que se refiere. Zornoza ha dicho conocer algunas y en ellas los condenados son "los responsables de la ejecución de los fondos, en la Consejería de Empleo, y los beneficiarios".
