CÓRDOBA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de Córdoba Fernando Santos Urbaneja informó hoy de que durante 2008 aumentaron casi en un millar las diligencias previas incoadas en materia de siniestralidad laboral, ya que si en 2007 se realizaron 2.426, en el año siguiente fueron 3.388, con nueve delitos de homicidio en ambos periodos. También aumentaron de 14 a 23 el número de asuntos calificados.
Según se desprende de la memoria de la Fiscalía, presentada hoy en rueda de prensa, dado que en 2007 también se incrementó el número de calificaciones, se ha multiplicado por dos el número de sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y se ha multiplicado por tres el número de sentencias dictadas por la Audiencia resolviendo recursos de apelación.
Santos Urbaneja, fiscal delegado de esta sección, informó de que las sentencias son en su mayoría condenatorias, lo que ha supuesto "un cambio de signo en relación a lo que venía ocurriendo en años precedentes". Entiende que ello es debido principalmente a "la mejor definición del objeto de acusación y a los fundamentos jurídicos más precisos".
En relación a la tramitación de diligencias de investigación del ministerio fiscal referidas a muertes o lesiones graves, ha habido un pequeño descenso --de 132 a 120-- continuando la tendencia del año 2007. Ello se explica, apunta la memoria, "por la clarificación de criterios con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en torno a la interpretación del convenio suscrito con la Junta de Andalucía".
En cuanto a las causas pendientes de tramitación en 2008 se registran 23 por homicidio en accidente laboral y nueve en 2007 por el mismo delito. El fiscal explicó que esta diferencia se produce porque las cifras de 2007 corresponden a los nuevos procedimientos incoados ese año, mientras que las cifras de 2008 corresponden a los procedimientos que a esta fecha están investigándose o pendientes de juicio, con independencia del año de incoación.
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, hizo un llamamiento al mundo empresarial, sugiriendo que "la adopción de medidas de seguridad, además de un deber legal, es una inversión económicamente rentable pues los costes de los eventuales accidentes evitados son mayores, tanto social como económicamente, que los de su implantación".
CONSUMO
Santos Urbaneja también es fiscal de la sección de consumo y propuso una reforma legislativa para la defensa de los consumidores. En este sentido, cree necesario potenciar la intervención del ministerio público en este ámbito y habilitar un órgano judicial con competencia nacional en esta materia, puesto que hay muchas empresas de servicios que tienen implantación nacional o incluso abarcan el territorio de varios estados.
Asimismo, echa en falta "una legislación procesal que defina con claridad las fases de declaración, preparación de la ejecución y ejecución efectiva" y medidas coercitivas porque "no son infrecuentes los retrasos o incumplimientos defectuosos por parte de las empresas" en la ejecución de la resolución judicial.
