GRANADA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Los guardias civiles que practicaron la inspección ocular del lugar donde se produjo el accidente laboral de 2005 que costó la vida a un joven boliviano que se encontraba en situación irregular aseguraron que el andamio desde el que se precipitó se modificó con el posible objetivo de ocultar que el puesto de trabajo no era el adecuado.
Así lo declararon los agentes, citados como testigos en la tarde de hoy, una vez reanudada la sesión del juicio que comenzó por la mañana en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 6 de Granada, que sienta en el banquillo a seis imputados, los dos socios de la empresa encargada de la obra, 'Robles y Santiago S.L.', el arquitecto que redactó el proyecto, el hermano de uno de los empresarios y obrero, la mujer del mismo empresario, y un obrero más, cuñado de otro de los acusados.
Los guardia civiles explicaron que, en el momento de la inspección, que se produjo a la mañana siguiente del siniestro, el 15 de febrero de 2005, pudieron comprobar que en el andamio se había instalado una plataforma que, de haber estado ahí en el momento del accidente, hubiera impedido que el cuerpo del joven cayera en el centro de la estructura, como así lo hizo.
De igual modo, incidieron en que no dieron instrucción alguna a ningún trabajador ni a nadie de la empresa encargada de la obra para que retirara escombros o cualquier otro elemento y añadieron que en la zona del accidente no se encontraron arneses ni cinturones de seguridad, contradiciendo el testimonio aportado hoy por los dos principales acusados, que se enfrentan a una petición fiscal de hasta siete años de prisión.
En la tarde de hoy declaró además el hermano del fallecido, que aseguró que, estando en el hospital, uno de los empresarios, concretamente M.A.S.M., le amenazó con que si contaba lo sucedido le podía perjudicar provocando su expulsión del país, puesto que él, como su hermano, no tenía papeles.
Además, también declararon los tres acusados que quedaban por hacerlo. C.R.L., que trabajaba en la misma obra de Maracena en el momento de producirse el accidente, aseguró que ese día ni él, ni otro operario, llevaban el cinturón de seguridad, como así tampoco Carlos Romero, puesto que de llevarlo no se habría precipitado al vacío. De igual forma este procesado, hermano de M.R.L, uno de los socios de la empresa, aseguró que en el momento del siniestro no estaban instaladas las chapas que hubieran amortiguado la caída del joven.
Por su parte, la mujer de M.R.L, negó haber limpiado la zona para ocultar el accidente laboral y afirmó que fue la Policía quien le permitió retirar algunos escombros de la obra y otros elementos de trabajo. También J.M.M., empleado de la empresa y cuñado de otro del otro socio, indicó que se enteró del accidente volviendo en furgoneta de la costa, donde trabajaba en otra obra de 'Robles y Santiago'. Entonces, según dijo, se dirigió a Maracena y ayudó a C.R.L. a colocar unas chapas que podían ser peligrosas al estar un poco levantadas de su lugar, pero en ningún momento con el objetivo de ocultar pruebas.
La Fiscalía solicita para los dos empresarios siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Para C.R.L. y L.A.P.M. (el arquitecto) pide cuatro años de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio imprudente y riesgo.
Del delito de encubrimiento considera presuntos autores E.D.L.H. y J.M.M., empleados que supuestamente limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pide el Ministerio Público un año y medio de cárcel.
Está previsto que el juicio termine mañana con la declaración de más testigos y peritos y que probablemente se alargue de nuevo en sesión de tarde, puesto que en la causa están personados la familia del fallecido, como acusación particular, y los sindicatos UGT y CCOO, como acción popular, lo que supone que, sumando los abogados de los acusados, son ocho letrados más el Ministerio Público los que intervienen en el procedimiento.
