GRANADA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra Antonio Herrera, conocido como el 'jamonero de Trevélez', acusado de estafar a casi 200 vecinos de la Alpujarra, se celebrará desde hoy en la Audiencia Provincial de Granada hasta el 29 de mayo y del 17 al 19 de junio.
Herrera, que se enfrenta a una petición fiscal de 46 años y 10 meses de prisión y el pago de una indemnización de más de diez millones de euros para los perjudicados, está procesado por los delitos de estafa, apropiación indebida, societario, insolvencia punible, falsedad documental, alzamiento de bienes, y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y a su esposa un delito societario, alzamiento de bienes y tres contra la Hacienda Pública.
El Ministerio Público solicita además que el jamonero pague una multa de otros 2,2 millones de euros, y devuelva a Hacienda la cantidad de 728.419 euros, que deberá afrontar junto a su mujer, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y multa de más de 730.000 euros.
En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal señala que Antonio Herrera, también conocido como 'Fernando', junto con su esposa, Concepción G.N., constituyeron el 21 de diciembre de 1993 la sociedad mercantil 'Jamones Fernando S.L.', cuyo objeto era el secado y curación de jamones, con sede social en Trevélez (Granada), donde ambos residían.
Debido a su anterior medio de vida como director de una sucursal de una entidad de crédito en el municipio, Herrera tenía conocimiento de los ahorros de sus clientes y otros convecinos, funcionamiento y aspectos mercantiles de las distintas modalidades de crédito, medios de financiación de empresas dedicadas al sector del jamón, así como de las obligaciones civiles y fiscales derivadas de las citadas actividades, además de contar con una buena imagen y consideración por tal condición en la zona de la Alpujarra.
De esta forma y en torno al año 1997, "presidido por un manifiesto ánimo de lucro y en perjuicio de terceros", decide dirigir su actividad empresarial al ámbito de la obtención de capital y recursos ajenos para la financiación de su consumo y bienes propios, "enmascarando dicha ilícita actividad bajo una apariencia de actividad comercial dedicada a sectores productivos distintos al del jamón serrano" con su mujer.
ADMINISTRADORES ÚNICOS Y SOLIDARIOS
En 1998 y 1999 constituye nuevas sociedades: las mercantiles 'Despensa de la Alpujarra S.L.' y 'Comercial Alimentaria de Trevélez S.L.', que estaban unívocamente conectadas entre sí, al resultar los acusados los administradores únicos y solidarios de las mismas, según el relato fiscal.
Herrera era el encargado material de la constitución, administración económica, dirección empresarial y gestión de las sociedades, mientras que su esposa era la "mera encargada" de la administración de la tienda y el restaurante situados en Trevélez, aunque ésta, agrega el Ministerio Público, "albergaba un conocimiento general de las actividades de su marido, si bien con un desconocimiento específico de las obligaciones, pactos y diferentes contratos y transmisiones que Herrera realizaba a nombre de las sociedades".
De este modo, era "práctica constatada" que la acusada estampaba su firma en aquellas operaciones mercantiles o contratos que, previamente conformados con Herrera, eran presentados para su rúbrica, o ésta, considera el fiscal, era "simplemente" falsificada por el acusado.
De esta forma, el Ministerio Público mantiene que Herrera utilizó, para la constitución y levantamiento de tal entramado empresarial, financiación ilegal con capital ajeno, de manera que estafaba supuestamente mediante el "simple préstamo o inversión en jamones", que el procesado ofrecía como garantes de la entrega dineraria, o con el negocio jurídico de 'maquila', mediante el cual recibía en concepto de depósito para su transformación numerosos y cuantiosos lotes de jamones crudos por parte de diferentes empresarios cárnicos.
El procesado, sin embargo, no destinó esas entregas dinerarias a la compra de lotes de jamones crudos para garantizar la devolución del capital recibido, tal y como se había contravenido con los prestatarios, sino que empleaba esas prestaciones, con "ánimo de ocultarlas o hacerlas desaparecer", a la adquisición de bienes inmuebles ajenos a esa actividad.
Así las cosas, a partir de 2002 y 2003, cuando los inversores --perjudicados-- pretendían retornar las cantidades prestadas con sus correspondientes intereses devengados, Herrera, lograba convencerlos con "falsas promesas" para que reinvirtiesen su capital en el "fraudulento" entramado empresarial creado, cuya situación deficitaria e insostenible era ya plenamente conocida por el procesado, que derivó en un concurso necesario de quiebra.
CHEQUES O PAGARÉS SIN FONDOS
Para garantizar el pago de sus deudas, el jamonero libraba numerosos cheques o pagarés sin fondos, de tal forma que, cuando se advertía la ausencia de fondos, se justificaba bajo el pretexto de retrasos en el pago de algunos de los créditos favorables al mismo, prometiendo, igualmente, "de forma torticera y maliciosa", el pronto pago de la deuda.
Derivado de todo lo anterior, en los meses antes de la fuga de Herrera, cuando la situación resultaba insostenible y determinados acreedores apremiaban de forma insistente e inaplazable la devolución de lo entregado, el acusado, contando con la colaboración de su esposa, según indica el fiscal, efectuó venta de determinados bienes por valor inferior a su valor de mercado.
Asimismo, las cantidades recibidas no eran contabilizadas en las correspondientes cuentas societarias, ni asentadas en los correspondientes libros mercantiles y sin acceso a los registros de naturaleza mercantil, de modo que no podían ser fiscalizadas por Hacienda.
Ante la gravedad de la situación, el procesado dejó de frecuentar los lugares habituales en los que se encontraba, desconectó su teléfono móvil y huyó del territorio nacional el 8 de octubre de 2004, con destino inicial a uno o varios países europeos y con el final de República Dominicana.
Respecto a Concepción G.N., el fiscal apunta que ésta era conocedora de la situación legal de las tres empresas, tuvo conocimiento de las entregas dinerarias e incumplió su obligación de pagar el IVA y el IRPF del ejercicio 2004 de la empresa 'Jamones Fernando', de la que era administradora solidaria.
HUYÓ A LA REPÚBLICA DOMINICANA
El presunto estafador, que huyó a finales de 2004 y que fue trasladado a España procedente de la República Dominicana al ser reclamado por la justicia española, declaró en el Juzgado durante unas cuatro horas el pasado mes de diciembre de 2007.
Herrera, de 50 años, reconoció prácticamente los hechos por los que estaba acusado, aunque los tildó de mal negocio y no tanto de estafa. Explicó que no se llevó el dinero que habían invertido en su negocio más de 300 vecinos de Trevélez a la República Dominicana cuando huyó, puesto que ya estaba arruinado. Se fue con unos 8.000 euros, según fuentes del caso.
Indicó que "no está orgulloso" de lo que ha hecho y consideró que la cárcel es el único modo de garantizar su seguridad, por lo que llegó incluso a solicitar su ingreso en prisión puesto que se sintió amenazado. Reconoció que su marcha fue una "huida hacia adelante" después de que la empresa quebrase en 2004, ya que arrastraba desde 2000 pérdidas.
