GRANADA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha dejado en libertad bajo fianza de 6.000 euros al único empresario que permanecía en prisión, Carlos I.A.N., como acusado de fraude a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo (INEM), considerado uno de los presuntos cabecillas del entramado empresarial supuestamente implicado.
Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el juez ha considerado, después de que el inculpado haya permanecido en la cárcel desde el pasado mes de diciembre, que no hay riesgo de fuga, por lo que ha quedado en la misma situación que otro de los empresarios acusados, Juan C.C., que quedó en su día en libertad bajo fianza.
Según las fuentes, han pasado por el juzgado poco menos de la mitad de los trabajadores supuestamente implicados, de un total de 1.800 aproximadamente, sin que por ahora esté previsto que declaren de nuevo los empresarios, a no ser que vuelvan a pedirlo las acusaciones.
El Abogado del Estado ha solicitado además que se suspendan cautelarmente las prestaciones que han cobrado indebidamente los trabajadores, detenidos tras la denominada 'Operación Genil', que no sólo destapó el fraude de empleados, sino también una posible trama para la obtención con filiaciones ficticias de permisos de residencia por parte de extranjeros.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras --ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción-- que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por el empresario C.I.A.N, con el que colaboraba J.R.C.C.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.
