SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla ha dado la razón a UGT, que en 2018 denunció la licitación del servicio de transporte sanitario terrestre de la provincia de Córdoba, al entender que la Administración sanitaria andaluza ha utilizado un tipo de ambulancias no recogidas en el Real Decreto que las regula y la dotación de personal es insuficiente, así como ha decretado la invalidez del uso y abuso que se hace de las ambulancias localizadas para la atención de la Red de Transporte Urgente.
El sindicato ha anunciado, a través de un comunicado, que demandará el cumplimiento de la sentencia y la eliminación ese tipo de ambulancias, así como que se doten de los profesionales exigidos por la ley y que, por otro lado, se eliminen todos los puntos con ambulancias "localizadas" en puntos de urgencias que existen en Andalucía y se sustituyan por vehículos dotados con el personal y material adecuado a su cometido de atención urgente.
UGT ha recordado que entendió que la licitación del transporte sanitario terrestre de Córdoba era perjudicial para los trabajadores y la ciudadanía por "el abuso que se hace de las ambulancias localizadas para la red de transporte urgente y la falta de personal en dichos vehículos".
UGT ha indicado que "el SAS se inventó un nuevo tipo de ambulancias a las que llama A1EE y que no vienen en el Decreto que las regula, y lo hizo de forma torticera para poder abusar tanto de las "localizadas" como del personal que deben llevar".
El sindicato ha sostenido que todo esto provoca "unas condiciones laborales lamentables para muchos trabajadores y unas condiciones de atención urgente a los ciudadanos que no son las mejores", así como ha considerado que esa prestación del servicio incumple el Real Decreto 836/2012 regulador de las ambulancias.
UGT ha explicado que estas prácticas se hacen para "ahorrar lo máximo posible aún a costa de que ello se haga ilegalmente y perjudicando a trabajadores y ciudadanos".
El sindicato va a exigir la implantación de un Observatorio Sectorial del Transporte Sanitario en Andalucía donde poder controlar y mejorar las condiciones de los más de 5.000 trabajadores afectados y la asistencia que prestan.
