Dirigió "desde su casa" las Residencias de Tiempo Libre de la Consejería de Empleo durante más de un año
SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales de Trabajo --Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera--, y el dueño de Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado, por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores ha continuado este miércoles con la declaración como testigo de Jesús Guillermo Julio, que ha señalado que Guerrero le dijo que "necesitaba" una persona para las Residencias de Tiempo Libre y después fue contratado por Umax para esa tarea.
El testigo, uno de los nueve trabajadores contratados por Umax para trabajar en la Dirección General de Trabajo o en la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo que han pasado este miércoles por el juicio, ha señalado que conoció a Guerrero siendo éste alcalde de El Pedroso (Sevilla) y él trabajando para el Patronato de Turismo de la Diputación.
Jesús Guillermo Julio, técnico en Marketing y director de empresas turísticas, accedió a Umax en febrero de 2007. Guerrero "me dijo un día que necesitaba una persona para las Residencias de Tiempo Libre con el fin de organizarlas como una cadena hotelera y mejorar su imagen de marca", ha indicado.
Después firmó un contrato "por obra y servicio" con Umax, sin pasar por entrevistas o procesos de selección, para desarrollar desde febrero de 2007 hasta octubre de 2008 estas tareas en la Dirección General de Trabajo. "No sé por qué hice esas tareas en Residencias de Tiempo Libre a través de Umax", ha afirmado.
Desarrollaba su trabajo desde casa y cobraba "1.600 euros, nada relevante". Después, despachaba con el jefe de servicio de Residencias de Tiempo Libre y asistía a las residencias. Con Guerrero "despaché dos o tres veces sobre las directrices a seguir para llevar a cabo la conversión de estos centros en una especie de cadena hotelera".
A Ulpiano Cuadrado lo conoce de ir "a un chalecito" en Tablada, en Sevilla, sede de Umax, para "firmas las nóminas y cobrar".
Cuando Guerrero fue cesado, despachó con su sucesor, Juan Márquez, pero éste "parecía no tener interés por mi trabajo y tras unos meses me dijeron que no fuera más".
Este miércoles también ha testificado un agente de la Policía Nacional encargado de investigar la contratación de 44 personas por Umax para trabajar en Empleo, apuntando, entre otras conclusiones, que se daba "amiguismo" en estas contrataciones, no se respetaban los principios de mérito o que había "muchas personas de El Pedroso".
Si bien, según han precisado a Europa Press fuentes del caso, no investigó los pagos realizados por Empleo a Umax por los trabajos desarrollados, sino los impagos entre 2007 y 2010, tras las reclamaciones de Cuadrado .
Además, la Sala, presidida por el magistrado Ángel Márquez, ha escuchado las testificales de ocho empleados más contratados por Umax y que trabajaron como personal externo en la Dirección General de Trabajo o en la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, que después fueron contratados por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y acabaron en el Servicio Andaluz de Empleo, donde continúan la mayoría.
Éstos firmaron sus contratos con Umax y todos han coincidido en que cobraban "sin problemas" por parte de esta empresa. Una de estas testigos ha señalado que un conocido, "con quien compartía caseta de feria en Sevilla", trabajaba en la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral le dijo que le entregara el currículum.
Otra testigo ha reconocido conocer a Guerrero de El Pedroso, aunque la contrataron "porque echó el currículum en Umax" y después le hizo la entrevista Ulpiano Cuadrado. "Cuando nos echaron de Umax nos dijeron que si había huecos en Faffe nos llamaría", ha recordado esta trabajadora del SAE, aunque no ha sabido decir quien se lo dijo.
CASO UMAX
Cabe recordar que en este procedimiento se juzga, además de a los ex directores generales, a dos ex secretarios generales técnicos de la Consejería, Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, y al administrador único de Umax por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La Fiscalía solicita diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta acusados en este procedimiento. Además, reclama para éstos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.
Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 2.556.036,2 euros por las cantidades "indebidamente" percibidas desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la entidad Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.
A juicio del Ministerio Público, todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello".
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados".
Asimismo, señala que "se ha podido comprobar" que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va desde el año 2003 hasta el año 2010".
El Ministerio Público asevera que los trabajadores que fueron contratados "pertenecían al círculo de amigos y familiares" de Guerrero, que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, cargo en el que le sustituyeron Juan Márquez, entre 2008 y 2010, y Daniel Alberto Rivera, de 2010 a 2012, añadiendo que estos dos últimos, "conocedores de la irregularidad en la forma de contratación, consintieron y siguieron contratando a estas personas con el fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial personal".
De su lado, afirma que los dos ex secretarios generales técnicos encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería fueron Francisco Javier Aguado Hinojal, que desempeñó su cargo desde 2004 hasta 2008, y Lourdes Medina Varo, que lo hizo hasta mayo de 2012.
