CÓRDOBA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha hecho entrega de una copia de la propuesta de Ordenanza sobre Licencias, Comunicaciones y Declaraciones Responsables de Carácter Urbanístico al decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito Pérez, para su estudio y aportación de ideas.
"El objetivo es alcanzar una norma lo más consensuada y eficaz posible y así garantizar una intensa simplificación administrativa", ha señalado Fuentes, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.
La ordenanza recoge un papel "muy relevante" en la supresión de autorizaciones administrativas, sobre todo para el inicio de actividades económicas que, en ocasiones, se sustituyen por declaraciones responsables o por meras comunicaciones de los ciudadanos y empresas a las Administraciones; todo ello sin menoscabo de los controles posteriores y con las potestades administrativas necesarias para reaccionar con eficacia ante las actividades particulares que incurran en ilegalidad y lesionen los intereses generales de los vecinos, la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente, el entorno urbano o el Patrimonio Histórico.
De la misma manera, en esta propuesta se reducen los supuestos en los que es obligada la presentación de declaraciones responsables y comunicaciones y se afronta el contenido de esos actos del administrado (la documentación adjunta, el lugar y los medios a través de las cuales presentarlas) con el complemento de los modelos normalizados.
Para el presidente de la GMU, "la idea es bien sencilla: no exigir más datos y documentos que los que exigen las leyes y reglamentos estatales y autonómicos". A este respecto es muy importante la regulación de la verificación documental de todas las comunicaciones y declaraciones.
"Se ha pretendido convertirla en un instrumento de control muy simple, informal y ágil, pero, a su vez, en un medio de detectar irregularidades y de corregirlas, abriendo paso, cuando sea necesario, a otras diligencias y procedimientos. Se completa con una serie de reglas sobre el procedimiento sancionador", ha añadido.
En el texto se abre la posibilidad de actuaciones de colaboración de empleados públicos no funcionarios y hasta de entidades privadas colaboradoras, como autoriza expresamente la Ley 12/2012. Según el presidente de la GMU, "consideramos fundamental que exista siempre un empleado público perfectamente determinado y conocido que sea el responsable del procedimiento, que lo instruya y que le dé impulsión y continuidad".
"Asimismo se han concretado los plazos, reforzado su obligatoriedad y se ha tratado de evitar trámites y cargas no impuestos por la legislación", ha añadido Fuentes que ha consensuado un calendario de reuniones periódicas con el Colegio de Arquitectos para mejorar el funcionamiento del urbanismo en
una ciudad más habitable y sostenible, lugar común de objetivos de ambas instituciones.
