TORRES (JAÉN), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha exigido este viernes al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "ponga encima de la mesa" la ley de financiación de las corporaciones locales, "comprometida por el Gobierno central".
Para Valderas, es urgente que la norma esté antes de que concluya el año con el fin de atender al "gran problema" de los municipios, así como es necesario que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir un nuevo modelo de financiación autonómica, puesto que "el actual está lesionando los intereses de Andalucía".
El vicepresidente andaluz ha realizado estas declaraciones en el municipio jiennense de Torres antes de clausurar los IX Cursos de Verano de la Universidad de Jaén (UJA), en un acto que ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Diego Montesinos; el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano, y otros representantes institucionales.
En el acto, Valderas ha disertado sobre la situación que vive la administración municipal por la "mal llamada" Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone un "ataque directo" y que ha sido "ampliamente contestada", según ha enfatizado.
Valderas ha reflexionado sobre la norma pronunciando la conferencia 'Problemas actuales de las corporaciones locales y análisis de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local', según ha informado la Junta.
El vicepresidente ha agradecido la oportunidad que le ha brindado la Universidad jiennense de abordar una cuestión "tan sensible" porque, según ha explicado, "la ley desordena lo que el ordenamiento local ha ido edificando" sin abordar el que es, a su juicio, el verdadero problema del municipalismo, que es la "escasa financiación y la demanda creciente de atención a los problemas derivados de la desintegración social que sufre el Estado del bienestar en España".
Así, ha advertido de que con esta norma se pretende "jibarizar la representatividad popular", siendo esta, en su opinión, una de las últimas líneas rojas que quedaban por rebasar en el "recorte permanente de democracia, derechos y servicios esenciales".
En su intervención, Valderas ha situado el debate global de la reforma de la administración pública en el proceso de "astillamiento del Estado y eliminación de nuestro modelo de convivencia", y ha situado los orígenes de esta situación en septiembre de 2011, con la modificación de la Constitución y el Pacto de Estabilidad, que dieron paso a un "proceso de desmantelamiento del Estado basado en la precariedad laboral, el ajuste duro sobre las clases medias y bajas y la eliminación de prestaciones y derechos en un contexto generalizado de limitación de las libertades públicas".
"MÁS DESIGUALDAD"
Valderas también ha realizado un breve repaso de los cambios protagonizados por la sociedad en estos últimos tres años, en los que se ha priorizado el pago de la deuda y sus intereses sobre las necesidades básicas de la población. Esto, unido al cumplimiento del déficit y a la exigencia a las comunidades autónomas para que asuman una nueva reducción de transferencias, con la consiguiente "merma" en la prestación de servicios, da lugar a "un modelo que nos hace pobres, con menos derechos y, sobre todo, más desiguales".
Ante este "modelo antisocial", que, en su opinión, se vuelve contra las personas y que ha sido contestado por los ciudadanos a través de procesos movilizadores, aboga por adoptar "decisiones audaces, comprometidas con la gente y consecuentes con un modelo social basado en el bienestar, la solidaridad y el respeto a la dignidad de las personas".
En este orden de cosas, ha reiterado la necesidad de construir un "nuevo modelo productivo, de rostro humano, vinculado a la capacidad de producir y generar riqueza donde se vive y de redistribuir equitativamente frente a la lógica de la acumulación infinita".
En otro momento de su intervención, el vicepresidente ha señalado que "la reforma local es una pieza más dentro del proceso de demolición del Estado, de quiebra de la convivencia y de agravamiento de la desigualdad", y frente a esta propuesta ha abogado por "un modelo alternativo e intensamente participativo", en línea con la acción del Gobierno andaluz que promueve y iniciativas y leyes como las de Memoria Democrática, Participación Ciudadana o la de Transparencia.
Para Valderas, la Ley de Reforma Local responde a propuestas de sectores conservadores que aspiran a un "Estado frágil en el que partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales no sean más que correas de transmisión de los intereses de una élite que en 20 personas acumula más riqueza que el 20 por ciento de la población española".
Una élite que "no acepta que la sociedad exprese su malestar y que, en lugar de reconducir su política y atender a la demanda de la sociedad, cambia las reglas del juego democrático". Así lo demuestra, en su opinión, la reforma de la ley electoral que pretende el Gobierno para "evitar la posible pérdida numerosas ciudades españolas en las próximas elecciones municipales", de forma que para Valderas es en esta lógica donde se inscribe la reforma de la Administración local.
Igualmente, ha criticado la "parálisis" y el cese de determinados servicios municipales que provoca la nueva ley, incidiendo directamente en la ciudadanía, y también la norma "plagada no sólo de contradicciones en su construcción jurídica, sino llena de contrasentidos políticos", como revela el dato de que el 90 por ciento de los ayuntamientos españoles --un total de 7.300-- presentan una situación presupuestaria positiva, y son los que mejor están cumplimiento la reducción del déficit, según información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, "se les aplica un nuevo recorte de más de 7.000 millones de euros".
De ahí que el Ejecutivo autonómico y el Parlamento hayan recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado negativamente sobre la misma. Según ha explicado Valderas, esta circunstancia, unida al pronunciamiento del Consejo de Estado en términos similares, debería ser suficiente para que el Gobierno paralizase la aplicación de la ley, poniendo fin a las "peligrosas consecuencias e inseguridad jurídica" que conlleva.
Con el fin de anticiparse a posibles "efectos irreparables", la Junta ha aprobado un decreto-ley que pretende aclarar y resolver las dudas jurídicas que genera la ley y evitar "disfunciones" en la prestación de servicios públicos, así como de "vacíos competenciales" en materias como sanidad, educación o servicios sociales. De este modo, se facilita a los ayuntamientos y entidades locales el cumplimiento de las competencias reconocidas en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
RESPALDO AL MUNICIPALISMO
De este modo, "Andalucía está en el camino adecuado", respaldando el municipalismo al que actualmente destina 1.400 millones de euros a través de programas específicos como los de 'Empleo Joven' y 'Empleo 30+' y medidas en favor de la inclusión social, entre otras actuaciones.
Valderas ha resaltado la apuesta de la Junta en defensa de un "modelo social justo, redistributivo y capaz de atender mediante mecanismos de solidaridad a todos aquellos que precisan de respuesta urgente", para lo cual ha apelado al "esfuerzo colectivo para oponernos a un proyecto económico y social fracasado", que facilita la desigualdad, como, según ha añadido, evidencian los 27 millones de desempleados y 120 millones de pobres de la Unión Europea.
Por último, el vicepresidente ha hecho un llamamiento "a la construcción, a la rebeldía, a la acción consciente y organizada y a la defensa de la política contra los miedos de los hombres".
