SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) ha presentado una demanda ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa para solicitar que se declare la nulidad y la suspensión cautelar de la resolución de la Junta de Andalucía de
convocatoria de oposiciones extraordinarias correspondientes a 2017 y 2018 para cubrir puestos de interinos.
El presidente de la Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (Aprovada), y portavoz de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, David Núñez, ha explicado que la petición de nulidad afecta únicamente a la parte de la resolución de la Junta sobre las dos convocatorias extraordinarias, mientras que las ordinarias "deben seguir su curso con normalidad", ha informado esta asociación a través de una nota.
El escrito, interpuesto por representantes de AproVadA ante el Contencioso Administrativo, exige que se mantenga la suspensión cautelar, al menos, hasta que el Parlamento de Andalucía haya tramitado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) consistente en una ley por la que se convocará un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos para estabilizar a los casi 30.000 puestos de interinos en fraude de ley existentes en la Administración autonómica.
La demanda, presentada por el abogado Manuel Martos, se centra en la resolución de las bases de la convocatoria para los cuerpos de la Administración General, donde AproVadA es un colectivo con interés legítimo por estar directamente afectado.
El presidente de la entidad y portavoz de la comisión promotora de la ILP, David Núñez, ha recalcado la "absoluta incongruencia, injusta y arbitraria de la Secretaría General para la Administración Pública al vaciar de contenido la iniciativa legislativa, dado que se están convocando por concurso-oposición las mismas plazas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ILP. Esto no tiene sentido y hay que pararlo de inmediato".
A este respecto, la demanda interpuesta recuerda que el propio consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró en comisión parlamentaria que "la decisión que adopte el Parlamento sobre esta iniciativa (ILP) en el ejercicio de sus funciones y con la tramitación parlamentaria prevista al efecto, puede afectar al contenido de las futuras convocatorias", al igual que las cuestiones prejudiciales que está dirimiendo el TJUE, según se recoge en la transcripción de dicha comparecencia (BOPA 113).
En este mismo sentido se pronunció el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), Juan Carlos González, en la Mesa Sectorial de Negociación en la que, pese a todo, se abordó la intención de realizar la convocatoria de un concurso-oposición y que concluyó sin acuerdo sindical por el abandono de la misma de ISA y Csif.
Núñez ha recordado que es la primera vez que una iniciativa de ley sale adelante propuesta desde la ciudadanía en la historia parlamentaria andaluza y ha reivindicado "respeto para la potestad legislativa del Parlamento y para los casi 52.000 ciudadanos andaluces que apoyaron con su firma para que la Iniciativa Legislativa Popular se aprobara".
En el escrito se considera que se debe extender dicha suspensión en caso de que se hubiera tramitado la ILP, pero no se hubiera producido el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se prevé se conozca para este inicio de año, sobre una cuestión prejudicial que debe dirimir si es ilegal convocar oposiciones libres para ocupar los puestos de funcionarios interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad, una práctica de todas las administraciones públicas españolas.
La abogada general del TJUE ha realizado un pronunciamiento previo al del Tribunal, que suele indicar el sentido de la sentencia, en el que señala que "no basta con convocar procesos selectivos de libre concurrencia" cuando el acceso a una relación de servicio fija "sea imprevisible e incierta, y la normativa nacional pertinente no establezca ninguna otra medida sancionadora".
Otro argumento de la demanda es el económico, dado que las leyes de los Presupuestos Generales del Estado establecen que de los procesos de estabilización "no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos", y el cese de interinos según la demanda podría "incrementarlo desproporcionadamente" porque tengan que readmitirlos e incluso tener que pagar indemnizaciones.
Se advierte que ya existe una sentencia del Tribunal Supremo, la 1426/2018, de 26 de septiembre de 2018, que obliga a readmitir a un funcionario interino cesado por el abuso de la contratación temporal.
La Directiva Europea 1999/70 establece que además de reparar el abuso de la temporalidad hay que sancionarlo y reparar el perjuicio. La abogada del TJUE ha señalado que al personal afectado se le puede reconocer dos tipos de indemnización, "una completa por los perjuicios que le haya causado el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales" e incluso otra adicional como acción "disuasoria" para el infractor.
La convocatoria de la Junta de Andalucía para cubrir las plazas de interinos de 2017 y de 2018 "tiene vicio de nulidad y anulabilidad al no tener en cuenta ningún importe indemnizatorio", ha asegurado la Asociación de Valoradores de la Dependencia de Andalucía, además de porque no se prevé el incremento de personal que supondría tener que readmitir a las personas que hubieran quedado fuera en una oposición libre.
La demanda llega después de que los sindicatos ISA y UGT hayan presentado recursos administrativos contra la misma resolución que establece las bases de las oposiciones a la Administración General de la Junta.
La ILP es una proposición de ley que pretende la aprobación de un concurso exclusivamente de méritos para los funcionarios que se encuentran en fraude de ley por abuso de la temporalidad. La vía del concurso de méritos la contempla el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley.
La Iniciativa Legislativa Popular la admitió a trámite el Parlamento de Andalucía el 15 de mayo de 2018 y el 20 de septiembre la Junta Electoral abría el proceso para la recogida de un mínimo de 40.000 firmas imprescindibles para que el texto pudiera tramitarse. Se presentaron 51.630 firmas ante la Oficina del Censo Electoral el 13 de mayo de 2019. En julio, la ILP entraba en el Parlamento para iniciar su proceso hasta su debate y el 25 de septiembre se aprobaba en el Pleno su toma en consideración con los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox.
De las casi 30.000 plazas en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.
