Los vecinos del aeropuerto critican su marcha forzada "sin la negociación prometida" para la expropiación

Actualizado: lunes, 20 abril 2009 14:00

CÓRDOBA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos expropiados por la ampliación del aeropuerto de Córdoba criticaron hoy la marcha forzada de sus viviendas "sin que finalmente se haya llevado a cabo la negociación prometida" para la expropiación de sus terrenos y casas.

En declaraciones a Europa Press, el representante de la zona de Llanos del Castillo, Juan Jiménez, quiso dejar claro "que no se ha cumplido nada de lo que se dijo políticamente", refiriéndose a que no ha habido ningún tipo de negociación, como prometieron, y el valor de lo expropiado no se ha fijado en función del precio de mercado.

Criticó que "se ha ofrecido una cantidad y eso era lo que había porque como era una expropiación forzosa, o se aceptaba o había que acudir a los tribunales". Cosa descartada porque "tal y como está la situación de la justicia habría que hablar de al menos 12 años para que el juez pudiera reconocer nuestros derechos", subrayó Jiménez.

Así, para este vecino, "el Estado se ha aprovechado también del mal funcionamiento de la justicia en España para coaccionar a los propietarios y es lamentable que un organismo del Gobierno --refiriéndose a AENA-- haya abusado de esa mal funcionamiento".

Por otro lado, lamentó que "el Ayuntamiento no haya colaborado nada porque ha tirado la piedra y ha escondido el brazo". Subrayó que la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), "todo lo que ha hecho desde el principio es mentir y engañar". Además, comentó que "poco antes de decir que iban a expropiar a los vecinos vinieron aquí a pedir el voto para las elecciones municipales y a poner farolas; y eso que se supone que las casas son ilegales". Para Juan Jiménez, "el origen de la ampliación del aeropuerto es político porque no es factible, ni rentable".

Los vecinos han comenzado ya a mudarse a sus nuevos hogares, puesto que ya concluye el plazo dado por la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para que abandonen sus viviendas desde que se firmó hace tres meses un acuerdo con los propietarios.

Juan Jiménez explicó por ejemplo que él y otros vecinos más tienen de plazo hasta el próximo día 23, por lo que aseguró que en esa fecha abandonará su casa porque "los contratos se firman para cumplirlos". Aseguró que "la mayoría de los vecinos lo tienen claro y ya se han buscado otros alojamientos, por lo que todo el mundo tiene ya su vivienda resuelta y se están mudando poco a poco".

En cuanto al ánimo y el ambiente que se respira en el entorno (Llanos del Castillo, Fontanar de Quintos, Altea, San Isidro de la Alameda y Guadalvalle) manifestó que "hay gente a la que le está afectando más por su arraigo, ya que hay personas que tienen 73 años y viven allí desde entonces". "Hay quienes heredaron la casa de sus padres y éstos de sus abuelos --subrayó-- es gente que tienen unos derechos adquiridos y no se trata simplemente de parcelistas como nos llaman muchos de manera despectiva".

No obstante, hay quienes están más contentos por el cambio, ya que se hacen casas más bonitas y en una zona mejor, aunque, según dijo, en la mayoría de los casos, las viviendas que tenían eran más grandes que a las que se van ahora. En el caso de Juan Jiménez, se muda a la zona de Calasancio. Pero en Fontanar de Quintos, hay algunos propietarios como Juan Ruiz, que tenía de tope hasta el 14 de abril y aún no sabe dónde ir ni tiene nada preparado. Su esperanza es "negociar un tiempo más" con AENA.

Los que más afectados se pueden ver por la expropiación son los comercios, y es que como comentó Juan Jiménez "ellos sí que tienen un problema agudo porque se trata de puestos de trabajo y del medio de vida de muchas personas".

Sin embargo, hay vecinos que aún no han llegado a un acuerdo con AENA. Se trata de los propietarios de terrenos sin construir, a los que les ofrecen 12 euros el metro cuadrado, y eso no fue lo que se habló en un principio, comentó Jiménez.

La Secretaría General de Transportes y la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento publicó el pasado 29 de diciembre, a instancias de AENA, el listado definitivo de titulares de las fincas afectadas por las expropiaciones precisas para ampliar el aeropuerto de Córdoba.

Así, según el listado, tres empresas, que aparecen como propietarias de varias fincas, junto con más de un centenar de parcelas que incluyen edificaciones, además de una veintena de fincas agrícolas de regadío, dos carreteras del Estado, cerca de 30 terrenos sin ningún uso, varios caminos y calles, además del Real Aeroclub de Córdoba, están afectados por este expediente de expropiación forzosa de AENA "para la realización del proyecto constructivo de ampliación de pista y nuevo edificio terminal" en el aeródromo cordobés.

En total son 188 fincas las afectadas, cuya calificación urbanística es la de suelo no urbanizable y que suman 943.920 metros cuadrados. Los titulares de dichas fincas fueron citados por AENA en el aeropuerto de Córdoba desde los días 13 al 22 de enero, "para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos necesarios afectados, situados en el término municipal de Córdoba". A partir de esa fecha contaban con un plazo máximo de tres meses para abandonar sus hogares, que concluye en este mes.

AENA es la encargada de ejecutar los proyectos de ampliación de la pista de aterrizaje y de la plataforma del aeropuerto cordobés, además de para la construcción de un nuevo hangar de aviación ligera, un nuevo edificio terminal, un aparcamiento y accesos, con un presupuesto total de 62 millones de euros, sin contar el coste de las expropiaciones, en base a las tasaciones ya realizadas de las fincas a expropiar y que oscilan entre 54.000 y 459.000 euros.

En concreto, a una sola empresa, Hortrapac, S.L., que aparece como titular de tres fincas, sufre la expropiación de unos 130.000 metros cuadrados, es decir el 13 por ciento por ciento de la extensión total de suelo a expropiar en el entorno del aeródromo cordobés. Las otras dos empresas afectadas son Parquintos, S.L., con dos fincas que suman 49.123 metros cuadrados, y Trabajos Aéreos Espejo, S.L., a la que se expropian 6.063 metros cuadrados.

Del resto de fincas, la de mayor tamaño es la de un particular, que la tiene dedicada a labores agrícolas de regadío, aunque incluye también una edificación y otras mejoras, y para la que hay una expropiación parcial por casi 100.000 metros cuadrados, es decir, el 10,5 por ciento del total de suelo que Fomento pretende expropiar, aunque en la financiación de dicha operación también interviene el Ayuntamiento.

La finca afectada en menor medida por el proceso de expropiación es un terreno, sin ningún aprovechamiento agrícola o de edificación, y de la que se precisan sólo 31 metros cuadrados.

También se ve afectada por las expropiaciones la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ya que es la titular de una carretera, cuyo trazado será ocupado parcialmente, a lo largo de 9.465 metros cuadrados, para la ampliación del aeropuerto, lo mismo que un terreno sin ningún uso y del que también es titular la GHG, de 2.609 metros cuadrados, siendo también un organismo estatal, la Demarcación de Carreteras, el que verá como Fomento le expropia parcialmente parte de una carretera (6.004 metros cuadrados).

No obstante, a finales de enero, AENA se comprometió a ampliar el plazo de desalojo en algunas semanas a las familias que tengan la parcela como primera residencia. Sin embargo, pone una condición y es que "el plazo de desalojo de la vivienda se ampliará siempre que las razones personales de la familia en cuestión así lo determinen y siempre que este aplazamiento no acarree una demora" en el inicio de las obras previstas por AENA en el aeródromo cordobés.