SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Unos 800 acreedores ordinarios de Contsa Corporación Empresarial --empresa declarada en suspensión de pagos--, suscribieron un convenio voluntario con el que pretenden evitar la liquidación de la empresa y hacerse con la gestión de la sociedad, convenio que prevén presentar ante la juez del Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla.
Según indicó a Europa Press el abogado Javier Loscertales, uno de los promotores de esta iniciativa y afectado por la presunta estafa y suspensión de pagos, después de que el pasado 22 de mayo presentaron ante notario un convenio voluntario, actualmente ya se ha superado el 50 por ciento de los créditos adeudados a los acreedores ordinarios, en concreto se ha alcanzado el 52 por ciento, y estima que a finales de semana se alcance el 60 por ciento.
De esta forma, unos 800 acreedores ordinarios, que suman cantidades adeudadas por 50 millones de euros, suscribieron ya el convenio que será presentado el próximo miércoles 29 de julio ante el juzgado. Loscertales espera que la juez acepte el convenio, puesto que "es viable y nos permitirá salir adelante y poder gestionar la empresa para devolverle el dinero a los acreedores".
"Si el convenio se aprueba habremos conseguido una situación inédita en el derecho concursal de nuestro país", destacó Loscertales, quien espera que a finales de septiembre se apruebe el convenio y comience una nueva fase.
Asimismo, precisó que a mediados del pasado mes de junio un grupo de 150 acreedores presentó un escrito en el juzgado donde se instaba a la juez a que requiriera a los administradores concursales "todos los informes sobre la situación de los embargos y ejecuciones hipotecarias sobre algunos bienes, y pedimos explicaciones sobre por qué no se abonaron las cuotas hipotecarias". "Les pedimos que rindan cuentas, algo que tendrán que hacer si finalmente se aprueba el convenio, y si de esa información se deriva alguna responsabilidad de la administración concursal, la vamos a pedir", aseveró.
En este convenio voluntario contempla un plan de viabilidad donde una sociedad anónima, Unión de Acreedores de Contsa SA --ya constituida-- formada por los propios acreedores, sería la que gestionara los activos para poder "recuperar al menos el 50 por ciento de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa".
Loscertales ya aseguró hace varios meses que con este instrumento en cinco años "seríamos capaces de poner en valor todos los activos de la sociedad, desarrollar el valor potencial de los activos de la sociedad, proteger el valor de los activos, evitar la pérdida de activos por acciones judiciales por impago de cuotas hipotecarias, generar ingresos de los activos y aportar caja al patrimonio actual de la sociedad, y venta ordenada de los activos inmobiliarios de la sociedad para que alcancen su mayor valor en el mercado.
De esta forma, además de poner en valor los activos, Loscertales destacó que si se termina la construcción de los inmuebles de la sociedad que están pendientes de finalización en Sevilla, Almonte (Huelva) y La Palma del Condado (Huelva), se pasarían de 52 a 101 inmuebles.
Así, "serían los propios acreedores los que convocarían una junta de accionistas para nombrar un consejo de administración formado por los propios acreedores, a través de la sociedad Unión de Acreedores de Contsa SA.
Dicho convenio contemplaría pagar el cien por cien del importe de los créditos privilegiados, el 50 por ciento del pago de los créditos ordinarios y el uno por ciento del importe de los créditos subordinados. En el caso de los acreedores ordinarios, se daría un año de carencia, se pagaría el cinco por ciento del importe total en el segundo año, el 10 por ciento en el tercer año, el 15 por ciento en el cuarto año y el 20 por ciento del importe total al término del quinto año.
Contsa se declaró en suspensión de pagos en febrero de 2008 ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes. El presidente de Contsa, José Salas, sigue en prisión por supuestos delitos que dejaron a su entidad con un déficit de 86.821.935,62 euros.
