SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El abogado que ejerce la defensa del que fuera delegado del distrito Macarena José Antonio García anunció hoy que va a presentar un recurso de reforma contra el auto de procesamiento de su defendido emitido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla por el conocido como caso Macarena, por el que además se mantiene abierta la causa también contra el ex secretario José Marín, el empresario José Pardo y el colaborador Manuel Portela, exculpando al también colaborador Antonio Pazo y a Jesús Barrera, socio de Pardo, tal y como solicitó el fiscal.
El letrado que defiende a García, José Manuel Sánchez del Aguila, informó a Europa Press de que pretende presentar dicho recurso el próximo viernes por la mañana argumentando que "no hay indicios que lo criminalicen, pues lo menciona dos veces indicando que se limitó a extender los cheques". Así, precisó que sólo se le imputa que firmó los cheques extendidos para pagar de las obras, dada su calidad de delegado del Distrito Macarena.
La juez decretó, por tanto, el sobreseimiento de las actuaciones contra Pazo y Barrera al entender que "no resulta debidamente acreditado" que la intervención de ambos en los hechos sea constitutiva de infracción penal. El pasado 18 de abril, la representación jurídica del Ayuntamiento se había adherido a las peticiones del ministerio público, que han sido asumidas por la juez en este auto, un "error" que aclaró asegurando que sus acusaciones se dirigían contra los imputados en el caso que no habían estado vinculados al Consistorio, el empresario José Pardo, su socio Jesús Barrera y los colaboradores Portela y Pazo.
Por su parte, el letrado Manuel Dueñas, que ejerció la acusación particular en representación del PA, informó a Europa Press de que no recurrirán el auto porque "nos parece bien, acatamos la decisión", precisando que ni recurrirán la resolución sobre los inculpados ni el rechazo a realizar las pruebas solicitadas por esta parte.
EL CASO
El caso de las supuestas facturas falsas del Distrito Macarena en el Ayuntamiento de Sevilla fue denunciado en marzo de 2005 por el grupo municipal del PA, que aseguraba que se había realizado un libramiento de 600.000 euros concedido al ex concejal responsable del Distrito Macarena en mayo de 2003.
Este incluía "al menos dos facturas falsas", lo que para los andalucistas podría constituir "un presunto delito de falsedad documental y de malversación de fondos públicos". Los andalucistas indicaron que los documentos reflejan que "se facturó a una empresa --Contratas y Obras de Sevilla-- por un concepto falso, demoler unos módulos en las barriadas de San Diego y Las Almenas, que hoy siguen en pie".
