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Defiende que los fondos recibidos por su despacho "ni son públicos ni provienen de la Junta", frente a los sostenido por la Guardia Civil
SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
Carlos Leal, abogado del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha reclamado a la dirección de la Guardia Civil, y en su defecto a los responsables del Ministerio del Interior, que comprueben las "graves irregularidades" cometidas por los agentes que "comandaron" la primera fase de la operación Heracles, desarrollada en marzo de 2013 y saldada con 22 detenidos, "y que les exijan las consiguientes responsabilidades".
En un comunicado remitido a Europa Press, este letrado critica que dicha operación se desarrolló en sus primeras horas "de la forma más humillante y dañina para la imagen de los afectados" y pone de manifiesto que los agentes de Heracles I, "a pesar de tener toda la documentación a su disposición, siguieron manteniendo que los fondos recibidos" por su despacho "provienen del erario público andaluz", una afirmación que "falta a la verdad".
Además, en base a dicha documentación, plasmada en tres atestados, los agentes "practicaron detenciones, solicitaron mandamientos de registros y bloqueo de cuentas", lo cual constituye "las máximas violaciones de los derechos constitucionales que pueden cometer los miembros" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "amparándose en la presunción de legalidad de sus actuaciones, basando su actuación en una realidad documental inexistente".
Leal, de hecho, presentó el pasado día 3 de julio un escrito ante el Juzgado de Mercedes Alaya en el que acredita documentalmente que el atestado número 33 elaborado por la Guardia Civil "recoge una información absolutamente incorrecta y omite información que la UCO tenía en su poder y que hubiera acreditado cuando se produjo la operación que los fondos recibidos por el despacho ni son públicos ni provienen de la Junta de Andalucía".
"INENARRABLE SUFRIMIENTO"
Al hilo de ello, precisa que el atestado 33 elaborado por la UCO "se basaba en la premisa del cobro de las supuestas sobrecomisiones por mi despacho", una "hipótesis de trabajo que se elevó a hecho definitivo", de manera que "sin comprobar los movimientos bancarios, que llevaban más de seis meses estudiando, la UCO puso en práctica la operación Heracles I", la cual "ha provocado en mi entorno profesional, personal, familiar y patrimonial innumerables perjuicios y un inenarrable sufrimiento".
El letrado pone de manifiesto que "la realidad es que las operativas" reflejadas en dicho atestado "no son ciertas", para lo cual ha aportado al Juzgado un certificado "donde se recogen una por una las operativas y se acredita de forma indubitada que los fondos recibidos provienen de Uniter, que a esta entidad se los ha pagado la Asociación de la Faja Pirítica, y que la asociación ha recibido el dinero proveniente de los trabajadores afectados por la crisis de las minas de Huelva".
"Estos, tras la tramitación ante el Juzgado de lo Social de sus indemnizaciones por despido y la declaración de insolvencia por parte del Juzgado, han recibido del Fogasa la suma que debían haber recibido de las empresas en las que trabajaban, fundamentalmente Riotinto y Almagrera, y lo han cedido a la asociación", asevera el abogado, que para ello aporta el movimiento de la cuenta de la Faja Pirítica, la contabilidad de Uniter y el movimiento de la cuenta de su despacho.
DEFIENDE QUE NO HAY DELITO DE MALVERSACIÓN
Tras alegar que no ha podido elaborar antes dicho documento porque la UCO "retiró" del Juzgado el 21 de julio de 2011 la contabilidad de Uniter, que finalmente fue remitida a las partes el pasado mes de marzo, Carlos Leal explica que el dinero percibido por cualquier trabajador del Fogasa "por la insolvencia de la empresa es exclusivamente suyo, y por tanto tiene la naturaleza de dinero privado", lo que "hace imposible la comisión del delito de malversación y cualquier otro conexo al mismo".
De otro lado, el imputado pone de manifiesto la "contradicción" que, a su juicio, se está produciendo en la reclamación de las responsabilidades civiles, pues en la misma "se integran la parte que las empresas han aportado de su dinero a la póliza y el cobro de las sumas que perciben los prejubilados legales", de manera que por estas sumas "se embargan bienes a los afectados en este procedimiento, sin que a los trabajadores prejubilados legales se les reclamen las mismas, y éstos siguen percibiendo su prejubilación todos los meses a costa de los fondos públicos que supuestamente forman parte del fraude".
El abogado, al que la juez impuso una fianza civil de 34,8 millones de euros, asevera que "la gran mayoría del dinero público supuestamente defraudado ha sido percibido por los prejubilados legales", por lo que "se puede llegar a la paradójica situación en la que a costa del patrimonio de los afectados por el procedimiento se recupere el dinero público supuestamente defraudado, y que los prejubilados legales sigan disfrutando de la prejubilación, con lo que al final las prejubilaciones las pagaríamos los afectados".
Por todo ello, solicita a la juez Alaya que "reconsidere" su situación personal en cuanto a las medidas personales y reales impuestas.
Carlos Leal compareció en julio de 2013 ante la juez Mercedes Alaya y quedó en libertad con cargos tras pagar una fianza de 150.000 euros.
