16 de octubre de 2019
14 de noviembre de 2014

Los acreedores ordinarios de grupo Jale se erigen en asociación para personarse en el concurso de acreedores

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de acreedores ordinarios del Grupo Jale ha decidido constituir la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-Jale) al objeto de "personarse en el concurso de acreedores, conocer su real situación y tomar acción en reclamar sus derechos".

En una nota remitida a Europa Press, la Asociación de Acreedores del Grupo Jale, que se ha mostrado "harta de esperar la firma del convenio de acreedores", ha recordado que hace más de seis años y medio tres empresas del Grupo Jale fueron declaradas en concurso voluntario de acreedores, por lo que "más de 1.400 subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores de materias primas pasamos a ser considerados acreedores ordinarios, lo cual significa que, aun a pesar de que hubiera activos más que suficientes para satisfacer nuestra deuda, no se podría realizar hasta que no se firme el convenio de acreedores, con gran diferencia de trato con nuestros compañeros los acreedores privilegiados, que sí pueden ir satisfaciendo sus créditos sin necesidad de la firma del convenio".

Ha recordado que la Ley Concursal fue creada "para que a los acreedores (privilegiados, ordinarios y subordinados) se les satisfagan sus créditos y esa gestión de intereses ajenos se encomienda a los administradores concursales", aunque apunta que "parece ser que eso no ha sido así, pues en los casi siete años transcurridos, esa encomienda de gestionar los bienes ajenos no se ha llevado a cabo como establece la Ley Concursal".

Este grupo lamenta que "Banco Santander, como administrador concursal que representa a los acreedores, a lo largo de estos seis largos años nunca se ha reunido ni dirigido a los más de 1.400 acreedores, que son sus representados y acreedores de esos 'bienes ajenos' que la Ley Concursal les ha encomendado bien gestionar". Por este motivo, ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz un escrito solicitando tener una reunión con Banco Santander en sede judicial para que éste como administrador concursal les explique lo ocurrido.

Entre las "anormalidades" que esta asociación ha detectado en el desarrollo del concurso y que desea que Banco Santander les explique ha sido que su representante "no solo no se opuso a lo ocurrido, sino que también participó y a veces lideró aquellas actuaciones perjudiciales para el concurso y por lo tanto para nosotros los acreedores, aun a pesar de ser nuestro representante en el concurso".

Ha indicado que alguna de esas actuaciones es el hecho de que "los activos de las concursadas fueron valorados por ellos en más de 700 millones de euros que después de pagar las deudas aun quedaría un neto de más de 300 millones de euros", de forma que los honorarios de los administradores concursales se fijaron en una cifra superior a cuatro millones y medio de euros a cobrar en dos fases iguales, en fase común y en fase de convenio.

Han precisado que "casi todos esos honorarios fueron cobradas no por los administradores concursales sino por sociedades mercantiles como si se tratasen de los verdaderos administradores concursales y en lugar de esperar la segunda parte a la fase de convenio se cobraron todo en los primeros 15 meses, a razón de casi 300.000 euros mensuales".

Asimismo, han asegurado que durante la fase común "no se presentaron las mas importantes demandas incidentales de retroacción de actuaciones perjudiciales para el concurso y por lo tanto para los acreedores, pues fueron realizadas por las concursadas en los dos años anterior a la declaración del concurso" y estiman que esas retroacciones no solicitadas podrían haber alcanzado la cifra de 130 millones de euros.

Además, han explicado que en sus atribuciones está la de exigir al deudor la colaboración en la buena gestión del concurso "y por lo tanto debieran haber exigido a Garrigues Abogados que presentara la propuesta de convenio anticipada, dado que los activos estaban valorados en 700 millones de euros, superando al pasivo en más de 300 millones de euros".

Los acreedores precisan que además de ese "olvido" o "desidia", los administradores concursales en contra de lo establecido por la Ley Concursal abortaron otras tres propuestas de convenio encargadas a diferentes consultoras a las que hubo que abonar por ello más de 500.000 euros y que con una sola propuesta se habría alcanzado el Convenio que la Ley Concursal denomina 'Solución Optima' del concurso de acreedores, "sin embargo los administradores concursales las bloquearon".

Han agregado que en julio de 2011 los entonces administradores sociales y concursales elaboran una propuesta de convenio de acreedores "con aquellos 700 millones de euros en activos y los 370 millones de euros de nuestros créditos y después de estar tres meses 'esperando' en el Juzgado de lo Mercantil, la juez ordenó su devolución para que se volviera a presentar tres días más tarde y una vez en la mano de no sabemos quién, esa propuesta de convenio de acreedores, no se ha vuelto a saber nada de ella sin saber al día de hoy en donde esta dicha propuesta de convenio de acreedores y que parece ser que como era la pieza que encajaba para cerrar el convenio y que todos los acreedores cobraríamos nuestros créditos sigue aun desaparecida".

También han apuntado que en febrero de 2012 José Luis López Esteras presentó otra propuesta de convenio de acreedores "muy similar a la realizada por los administradores concursales unos meses antes, incorporando la adhesión notarial del mayor de los acreedores ordinarios con 20 millones de deuda y además fueron cientos de escritos por correo electrónico de medianos y pequeños acreedores que prestaron su apoyo a dicha propuesta".

Lamenta que los administradores concursales "en lugar también de apoyarla incomprensiblemente resultó que solicitaron al Juzgado que no se aprobase y mas incomprensiblemente todavía fue que la juez, órgano supremo del concurso, decretó la no probación y por lo tanto todo fue a liquidación y los acreedores nos quedamos sin cobrar y para mayor perplejidad todo esto fue realizado con el beneplácito de nuestro representante, el administrador concursal, Banesto, ahora Banco Santander".

Considera que "ante esta irracional y contraria a Derecho actuación de los administradores concursales en contra la Ley Concursal es por los acreedores hemos creado la Asociacion de Acreedores del Grupo Jale para defender nuestros derechos y exigir la exhaustiva investigación de aquellas actuaciones que han llevado a la liquidación a las concursadas y a la mayor de las ruinas a mas de 1.400 acreedores, a sus empleados y a sus familiares".

Este grupo de acreedores temen que el comportamiento de los administradores concursales "no ha sido el exigido por la Ley Concursal y de ahí que los activos inmobiliarios valorados en 700 millones de euros hayan sido dilapidados".