Señala que el inmueble ha sido "derribado hasta la primera planta", toda vez que Muñoz ha esgrimido el aval de Patrimonio a la licencia
SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha formulado alegaciones a la licencia de obras concedida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla respecto al número 14 de la calle Eduardo Dato, considerando "ilegal" dicha autorización de obras al implicar "un aumento de edificabilidad absolutamente contrario a la Ley de Patrimonio" Histórico o "contravenir" el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio de "mantener los muros y huecos de fachada", toda vez que el edificio ha sido finalmente "derribado hasta la primera planta" pese a que su ficha de protección obligaba a mantener "la fachada y la primera crujía".
Se trata, en concreto, del edificio de viviendas correspondiente al número 14 de la calle Eduardo Dato, conectado con el número tres del la calle San Bernardo, toda vez que ambos están incluidos en el "entorno incoado" respecto a la protección de la que goza la antigua Fábrica de Artillería, parcialmente restaurada y futuro contenedor cultural de la ciudad. Ambos inmuebles gozan de un grado de protección "ambiental" y número 14 de la calle Eduardo Dato, además, está reconocido como edificio regionalista, con la obligación de conservar su fachada y "elementos definitorios de su tipología", según la documentación recogida por Europa Press.
Este inmueble, por cierto, fue hace años sometido a un procedimiento de venta forzosa ante el incumplimiento del deber de rehabilitar o edificar de sus propietarios, por un importe total de 106.944 euros.
EL AVISO DE ADEPA
Pues bien, el caso es que después de que el número 14 de la calle Eduardo Dato ya fuese objeto de unas obras de reforma con efectos sobre su fachada, Adepa alertaba recientemente de que el edificio estaba siendo objeto de obras "de derribo", en un contexto en el que tras ser aprobado el documento definitivo del catálogo de protección de la arquitectura regionalista del barrio de Nervión, el Gobierno local socialista ha anunciado una nueva modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para incluir en su catálogo periférico y por tanto proteger 33 inmuebles regionalistas más ubicados en los distritos Triana, Nervión, Sur, Bellavista-La Palmera y San Pablo, siempre según el valor patrimonial de dichos edificios.
Frente a dicho aviso de Adepa, el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), negaba que hubiese sido autorizado derribo alguno respecto a este edificio. El concejal socialista, así, detallaba que la Gerencia de Urbanismo mantiene "un expediente abierto por problemas de conservación desde 2003" respecto a dicho edificio, inscrito además en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y había concedido "una licencia de obras de rehabilitación para llevar a cabo la reforma general de la edificación existente", autorización avalada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.
LA AUTORIZACIÓN
Fruto de la actuación autorizada, según Muñoz, "resultará un edificio de tres plantas y un ático destinado a ocho viviendas". "La Gerencia de Urbanismo no ha concedido ninguna licencia de derribo ni de demolición en este edificio. No obstante, se revisará si la actuación que se está llevando a cabo se ajusta a licencia", indicaba el concejal.
Ahora, Adepa ha formulado alegaciones contra la citada licencia de obras concedida por la Gerencia de Urbanismo, exponiendo entre otras cosas que del expediente de la misma se deduce "un aumento en la edificabilidad absolutamente contrario a la Ley de Patrimonio". En estas alegaciones, recogidas por Europa Press, Adepa avisa de que "en ningún momento se respetan los huecos de la fachada de la planta baja, ni su distribución interior, con la excusa de refuerzo del muro por las cargas, contraviniendo el dictamen de la Comisión de Patrimonio de mantener los muros y huecos de fachada", mientras "la ficha de protección del catálogo de San Bernardo obligaba al mantenimiento de la fachada y la primera crujía".
"A pesar de que la Comisión de Patrimonio y las fichas de protección obligan al mantenimiento de los muros de las fachadas, el edificio ha sido derribado hasta la primera planta", advierte la organización conservacionista indicando que tal extremo puede comprobarse visualmente y considerando, en resumen, que la autorización concedida era directamente "ilegal".
