LEBRIJA (SEVILLA), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de afectados por la quiebra de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla, ha celebrado este miércoles que el pleno de la institución haya aprobado definitivamente el expediente de liquidación de este organismo. Avisan, no obstante, de que se trata "del primer paso de un proceso que debe poner fin cuanto antes a la agonía que vienen padeciendo desde hace más de dos años tanto medio millar de trabajadores, a los que se les adeudan en torno a ocho millones de euros entre nóminas e indemnizaciones, como a centenares de proveedores a los que se les deben alrededor de 15 millones en facturas".
"Vamos a seguir con las acciones reivindicativas hasta que los once ayuntamientos mancomunados paguen a los trabajadores y proveedores las nóminas e indemnizaciones adeudadas", dice en un comunicado Manuel Ángel Caro, portavoz de la plataforma, después de que este pasado martes el pleno de la institución, presidida por la alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, aprobase definitivamente el expediente de liquidación con el voto favorable de los miembros del plenario pertenecientes al PSOE, IU-CA y el PA, toda vez que los representantes pertenecientes al PP, Roteños Unidos y el partido independiente de Sanlúcar de Barrameda se abstuvieron.
El expediente en cuestión reparte entre todos estos municipios una deuda superior a los 42 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esta administración, por lo que Caro expone que "con la liquidación de la Mancomunidad, los trabajadores y proveedores podrán instar a los jueces a que ejecuten las sentencias firmes en las que los juzgados de lo Social y Contencioso Administrativo de Sevilla y Cádiz vienen condenando a los ayuntamientos al pago de las deudas de la Mancomunidad como responsables subsidiarios de dichas deudas".
Finalmente, el colectivo lamenta que el pleno estuviese marcado por el propio reconocimiento de María José Fernández en cuanto a la "desastrosa gestión de la Mancomunidad" y un "patético episodio de reproches mutuos" entre las diferentes fuerzas políticas.
EL CONFLICTO DE LA MANCOMUNIDAD
Fue en septiembre de 2013, recordémoslo, cuando este expediente de liquidación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para ser sometido a su preceptivo periodo de información pública a cuenta de su aprobación inicial en el seno del pleno de esta institución en vías de disolución dada su crítica situación económica. Y es que el documento de aprobación inicial del expediente de liquidación, por ejemplo, contemplaba un pasivo global de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 según la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales" y la previsión del coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija.
En concreto, este pasivo sumaba 8.111.413,26 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia Mancomunidad y 44.093.466,34 euros del propio pasivo de la Mancomunidad. Superado el trámite de información pública, con sus correspondientes alegaciones, el documento de aprobación definitiva del expediente de liquidación contempla una deuda global de más de 42 millones de euros al asumir la Junta de Andalucía el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija. La deuda, así, se reparte entre los once municipios principalmente en función de su participación en la institución.
El expediente de liquidación, además, contempla la enajenación mediante subasta de los bienes inventariados de este organismo, así como la reversión a los ayuntamientos de numerosos inmuebles e infraestructuras, el arbitrio de la Junta de Andalucía en cuanto al pago de la deuda que se transfiere a los ayuntamientos mancomunados y una fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas, a la búsqueda de posibles "responsabilidades técnicas y políticas".
