SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La "Plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y Gesalquivir", integrada por los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios afectados por la quiebra de esta institución formada por once localidades de Cádiz y Sevilla y presidida por la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), han avisado de "acciones legales" contra los miembros del pleno que "no aprueben" el documento definitivo del expediente de liquidación de esta administración. Además, el colectivo avisa de "otras medidas firmes y contundentes si estos políticos continúan obstaculizando y retrasando intencionadamente la disolución".
"La Plataforma interpondrá una denuncia por un presunto delito de prevaricación frente a quienes se opongan a su liquidación, al entender que se estaría adoptando una resolución administrativa para perjudicar deliberadamente los intereses de los trabajadores y proveedores, ya que se estaría utilizando a la Mancomunidad como dique de 'contención' para demorar el mayor tiempo posible la ejecución de sentencias judiciales firmes que los Juzgados de lo Social y Contencioso-Administrativo de Sevilla y Cádiz vienen dictando contra los once ayuntamientos mancomunados, sentencias en las que se condena a los consistorios como responsables subsidiarios de las deudas del organismo supramunicipal".
La plataforma, además, avisa de que no tolerará "que los grupos políticos repitan el bochornoso espectáculo de cinismo político a base de reproches mutuos y disputas sobre la desastrosa gestión de la entidad comarcal que protagonizaron durante el plenario en el que se aprobó inicialmente el expediente de liquidación", anunciando una movilización paralela al pleno que, este martes a las 17,00 horas, debatirá y votará el documento definitivo del expediente de liquidación.
EL CONFLICTO DE LA MANCOMUNIDAD
Fue en septiembre de 2013, recordémoslo, cuando este expediente de liquidación fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para ser sometido a su preceptivo periodo de información pública a cuenta de su aprobación inicial en el seno del pleno de esta institución en vías de disolución dada su crítica situación económica. Y es que el documento de aprobación inicial del expediente de liquidación, por ejemplo, contemplaba un pasivo global de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 según la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales" y la previsión del coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija.
En concreto, este pasivo sumaba 8.111.413,26 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia Mancomunidad y 44.093.466,34 euros del propio pasivo de la Mancomunidad. Superado el trámite de información pública, con sus correspondientes alegaciones, el documento de aprobación definitiva del expediente de liquidación contemplaría una deuda global de más de 42 millones de euros al asumir supuestamente la Junta de Andalucía el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija. La deuda, así, se reparte entre los once municipios principalmente en función de su participación en la institución.
De cualquier modo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir debatirá y votará este documento a partir de las 17,00 horas de este martes en la sede de la institución, ubicada en Lebrija.
El expediente de liquidación, además, contempla la enajenación mediante subasta de los bienes inventariados de este organismo, así como la reversión a los ayuntamientos de numerosos inmuebles e infraestructuras, el arbitrio de la Junta de Andalucía en cuanto al pago de la deuda que se transfiere a los ayuntamientos mancomunados y una fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas, a la búsqueda de posibles "responsabilidades técnicas y políticas".
