Antonio Carrillo no entiende "cómo no se han terminado las obras" y lo achaca a retrasos en la urbanización en Urbanismo o al concurso de Dolmen
SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, ha acudido a declarar en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas promovida por dicha Fundación, y antes de declarar ha sido empujado por adjudicatarios afectados por la paralización de las obras.
Carrillo ha sido el único que ha declarado este miércoles en este procedimiento, toda vez que la declaración del expresidente de la CEA Santiago Herrero no se ha producido al no comparecer debido a que tenía una cita médica.
Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que Carrillo, que sólo ha respondido a las preguntas de la juez y del letrado defensor de Juan Salas Tornero, otro de los imputados, ha asegurado que como patrono asistía a dos reuniones al año, una de rendición de cuentas y otra de memoria, de forma que según las fuentes, "en esas reuniones no se entraban en profundidades sobre cómo iba la construcción de las viviendas".
Asimismo, según las fuentes, en su declaración Carrillo ha dejado claro que "hasta que entró como presidente de la fundación el 13 de noviembre de 2012, hasta esa fecha no había problemas de financiación ni consta hasta esa fecha falta de liquidez".
Carrillo indicó en su declaración que no firmó nada con la empresa Dolmen y dejó claro que "cuando se empezaron a construir las viviendas, Dolmen era una empresa puntera en VPO a nivel nacional".
El secretario general de la CEA y presidente de la fundación no entiende "cómo no se han terminado las obras" y lo ha achacado a "retrasos en la urbanización en la Gerencia de Urbanismo, a la gestión de la hipoteca por Caja Madrid y al concurso de acreedores de Dolmen". Asimismo, ha dejado claro que "hasta el último momento se han intentado terminar las viviendas".
Las fuentes ha indicado que Carrillo "no reconoce lo que se le debe a las anteriores subcontratistas".
Antes de su declaración, Carrillo fue empujado a la entrada por los manifestantes y a la salida ha salido con más protección policial, sin que se hayan producido más incidentes.
El expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y el secretario general de la CEA estaban citados a declarar como imputados este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA.
Con motivo de estas declaraciones, los adjudicatarios de estas VPO acudieron a protestar a las puertas de los juzgados. Durante los días 5, 6, 12 y 13 de marzo los adjudicatarios mantendrán concentraciones ante las puertas de los juzgados de Instrucción de Sevilla en avenida Menéndez Pelayo, coincidiendo estas fechas con las declaraciones de los principales imputados en el caso de la presunta estafa en la promoción de nuestras viviendas de VPO.
Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA abrieron lunes y martes la ronda de declaraciones ante la juez de lo Penal número 3 de Sevilla, que instruye el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por estas empresas suministradoras, donde Santiago Herrero y Antonio Carrillo tenían previsto declarar el 5 de marzo en calidad de imputados, algo que finalmente sólo ha hecho Carrillo.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
