Maldonado espera recibir las primeras aclaraciones del TSJA sobre cada trabajador antes de finales de año
SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los agentes locales de promoción y empleo (ALPE) han indicado que suavizarán sus protestas y movilizaciones aunque no las dejarán hasta que no se produzca un "acercamiento político" por parte de la Junta.
El secretario general de Empleo, Antonio González Marín, y la secretaria general para la Administración Pública, Lidia Sánchez, han mantenido una reunión de la mesa de trabajo con los representantes de los agentes locales de promoción y empleo (ALPE) de las ocho provincias andaluzas.
Esta mesa, reunida este jueves en Sevilla, es la encargada de analizar y concretar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el colectivo, tras la aprobación el pasado día 25 de una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía que acordaba que se formase este foro.
Fuentes de este colectivo han indicado a Europa Press que se ha registrado "una muy leve mejoría" provocada por "la desestimación del recurso de nulidad presentado por la Junta", aunque lamentan que "la Junta no nos asegura que vana a parar los recursos y las consiguientes dilaciones a nuestras sentencias favorables".
En ese sentido, han indicado que la Junta "sólo sigue un calendario judicial, no hay decisión a nivel político", por lo proponen que "cuando veamos un acercamiento a nivel político dejaremos nuestras movilizaciones", aunque suavizarán sus protestas "hasta que veamos cuales son los siguientes movimientos". "No estamos ni contentos ni descontentos", han añadido.
Por otro lado, la Junta ha explicado en una nota que durante la reunión de la mesa, la Junta ha entregado a los representantes de los ALPE una documentación solicitada por el colectivo en el anterior encuentro sobre el desarrollo de las sentencias en las ocho provincias, con el objetivo de continuar con el análisis de la problemática que afecta al colectivo.
La proposición no de ley aprobada por el Parlamento andaluz, preveía la constitución de esta Mesa de Trabajo e instaba al Gobierno andaluz al "cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo en relación a los trabajadores y trabajadoras del colectivo ALPE".
El texto de la proposición también incluía sendos acuerdos, respaldados por PSOE e IU, en los que se insta al Gobierno andaluz a que reclame al Gobierno central que dote financieramente el Programa de Fomento de Desarrollo Local, que era el que sustentaba económicamente la contratación de los ALPE y que sufre "un fuerte recorte desde el año 2012".
Asimismo, el Parlamento aprobó igualmente solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que "con la máxima diligencia posible" resuelva las aclaraciones que ha solicitado la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a las sentencias del Supremo sobre los ALPE.
PALABRAS DEL CONSEJERO
En ese sentido, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha recordado que este programa del Gobierno central "era el que sustentaba la contratación de los ALPE y cuando se eliminó ese programa por el Ejecutivo, la Junta "no tenía dotación presupuestaria ni tiene relación de puestos de trabajo donde ubicar presupuestariamente ni laboralmente a estos trabajadores, por lo que se decidió despedirlos".
Sánchez Maldonado ha recordado las sentencias del Supremo que da la razón a estos trabajadores "pero no nos dicen donde ni como tenemos que recolocar", por lo que la Junta ha pedido al TSJA información y aclaración para poder dar cumplimiento de dichas sentencias, y que el TSJA "determine donde recolocar a estos trabajadores y determinar quien les paga, pues hasta ahora les pagaba la Junta con la financiación del Estado".
El consejero ha indicado que la proposición no de ley aprobada en el Parlamento contempla solicitar al TSJA "con la máxima diligencia" que se puedan resolver esas aclaraciones, y espera que las primeras aclaraciones las puedan tener antes de finales de este año para saber cómo y donde reubicar.
"Hasta que no tengamos esas aclaraciones, ni la consejera de Hacienda sabrá cómo lo va a hacer ni qué cantidad de dinero puede dotar, ni cómo elaborar la RPT, ni el SAE ni los consorcios sabrán donde tenemos que reubicar laboralmente a estas personas; nos tendrán que decir individualmente que hacer con cada uno de los trabajadores", ha añadido el consejero, quien muestra el "máximo respeto" a la Justicia y recuerda que "hay que cumplir con las resoluciones judiciales a pies juntillas".
