La juez, por el contrario, archiva la causa respecto a dos imputados al no existir "indicios suficientes" contra ellos
SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha rechazado el archivo de la causa solicitado por el exparlamentario andaluz del PSOE y exasesor de la Dirección General de Trabajo Ramón Díaz, pues, entre otros aspectos, "indiciariamente tendría un papel activo en la inclusión de intrusos en diversos expedientes de ayudas sociolaborales".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza igualmente las peticiones de sobreseimiento parcial realizadas por las defensas de otros seis imputados, entre ellos el exdirector general de IDEA Antonio Valverde; el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, o el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) Ramón Polo.
Asimismo, mantiene la imputación de Cristina Ruiz Castillo, que fuera gerente de Promi; de María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y de Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla.
En el mismo auto, consultado por Europa Press, la instructora archiva la causa respecto al letrado del bufete Estudios Jurídicos Villasís Daniel Gutiérrez Montaña y al empresario José Joaquín Barneto, a los que cita como testigos este próximo miércoles, ya que "después de un estudio exhaustivo" de las actuaciones "no existen indicios suficientes que justifiquen el mantenimiento" de sus imputaciones. Tras estos dos archivos, en la causa hay 219 imputados.
En relación a Ramón Díaz, al que tomó declaración el 11 de octubre de 2013 por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, la juez recuerda que comenzó a prestar sus servicios en la Dirección General de Trabajo en junio de 2005 "de la mano" del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, permaneciendo en el cargo hasta noviembre de 2009.
"IRREGULARIDADES"
"Durante dicho tiempo colaboró con el director general, Francisco Javier Guerrero, y en el último año con María José Rofa en la negociación de todos los expedientes, recordando esta última la intervención del inculpado" en relación a 14 empresas, punto en el que la acusa asevera que "las irregularidades de su gestión al frente de los expedientes de subvenciones sociolaborales fueron indiciariamente muy numerosas".
Así, enumera que en el expediente de San Goy --Hotel La Posada del Moro-- "ni siquiera había solicitud del empresario, pese a lo cual había resolución de concesión", mientras que en SAT Virgen del Espino "tampoco existía solicitud del empresario ni relación de los trabajadores". "Carecían todos de la tramitación y documentación básica o ni siquiera había expediente iniciado", zanja.
Además, Ramón Díaz "tendría un papel activo en la inclusión de intrusos en diversos expedientes", de manera que en el caso de Calderinox "influiría" junto al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "para presionar" al director general de Trabajo, Juan Márquez, "a fin de que este consintiera la inclusión" de dos personas ajenas a la empresa, mientras que en Saldauto "influiría para la inclusión" de otros dos 'intrusos'.
De igual modo, la magistrada señala que en A-Novo "sería decisiva su intervención" para la inclusión de Manuel Jiménez de Miguel, añadiendo que "el interés de Ramón Díaz sería por afinidad personal" con el mismo, ya que ambos pertenecían a la Agrupación Socialista de Nervión.
"PERFECTO CONOCEDOR DEL SISTEMA INSTAURADO" PARA DAR SUBVENCIONES
"Parece pues que Ramón Díaz sería perfecto conocedor del sistema instaurado para la concesión de subvenciones sociolaborales ajenas a la Ley y a los principios de eficiencia, transparencia, igualdad y promoción de los intereses generales propios de cualquier Administración, y que dicho sistema conllevaba la ausencia de control en la concesión y en el uso o destino de las subvenciones sociolaborales", sostiene la juez.
Respecto a Antonio Valverde, la juez asevera que "no se constata ningún hecho que desvirtúe su imputación", señalando que, como director general de IDEA desde el 22 de diciembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2014, "participaría en el nuevo sistema instaurado tras el presupuesto del ejercicio 2010 y la encomienda de gestión de 27 de abril de 2010, permitiendo que IDEA continuara pagando las subvenciones que la Consejería de Empleo siguió concediendo al margen del procedimiento legal establecido y sin fiscalización de la Intervención Delegada, en la misma forma utilizada durante los diez años anteriores, aunque ya habrían desaparecido las transferencias de financiación".
Asimismo, y en relación a Ramón Polo, Alaya dice que "no han variado las circunstancias que motivaron su imputación", ya que "habría sido diputado provincial en Jaén, concejal del Ayuntamiento de La Carolina y conseguiría, por las relaciones que mantendría" con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, ser incluido en la póliza derivada de la ayuda concedida a Gres Vilches a pesar de que "no habría realizado trabajos efectivos" para esta empresa.
La juez también imputa a Manuel Morales Larrubia haber sido incluido en la póliza del expediente de Gres Vilches pese a que "no habría realizado trabajos efectivos" para la empresa.
La Fiscalía Anticorrupción, según indica la juez en el auto, se opuso al sobreseimiento interesado por las defensas de los siete imputados mencionados y pidió el archivo de la causa respecto al abogado Daniel Gutiérrez Montaña y el empresario José Joaquín Barneto, quien fue detenido en la segunda fase de la operación 'Heracles' llevada a cabo en octubre de 2013 por la Guardia Civil.
