SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha confirmado el proceso de embargo iniciado contra el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros que le impuso por las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 del merca.
En un decreto fechado el día 1 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria judicial rechaza el recurso de reposición interpuesto por Mellet contra la diligencia de ordenación del pasado 30 de septiembre en la que se le concedía un plazo de diez días a fin de que designara bienes a embargar para cubrir la fianza civil impuesta por la magistrada.
En su recurso, Mellet solicitó a la juez que revocara la diligencia de ordenación donde inició el proceso de embargo contra su cliente y dejara en suspenso la efectividad de la solicitud de relación de bienes hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla no resuelva el recurso que interpuso hace más de un mes contra la fianza civil impuesta.
El Juzgado pone de manifiesto que, si bien el auto donde la juez le impuso la fianza civil "es susceptible de recurso, el mismo no tiene en modo alguno efectos suspensivos como ahora pretende la parte recurrente, y no solo por la naturaleza inmediatamente ejecutiva de las medidas en él acordadas, sino también por establecerlo la legislación procesal".
Por ello, desestima el recurso interpuesto contra la diligencia de ordenación dictada el pasado 30 de septiembre de 2014, la cual "debe mantenerse íntegramente al estar ajustada a Derecho, debiéndose designar por el imputado bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo por las cantidades mencionadas en dicha diligencia y en los términos en ella expuestos".
EL RECURSO
En el recurso de reposición elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Mellet, José Manuel Carrión, pidió anular la diligencia de ordenación en la que el Juzgado de Mercedes Alaya le concedía un plazo de diez días a fin de que designara bienes a embargar para cubrir la fianza civil impuesta por la magistrada.
El letrado solicitó que se dejara en suspenso la efectividad de la solicitud de relación de bienes en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Sevilla no resuelva su recurso de apelación contra el auto donde la juez le impuso la fianza civil, el cual "es nulo por ilegal" y "contrario a derecho al ser contrario a la Ley que dictaminó la convalidación y legalidad de la póliza cuyo pago se dice que fue realizado irregularmente".
"La resolución dictada obvia de forma absolutamente increíble, fuera de lugar, a la Ley emanada del Parlamento de Andalucía", asevera el abogado, quien añade que "el dictado del auto y la traba de bienes de Mellet no se sustentan en la realidad" y "le causan una suma injusticia a mi representado".
A su juicio, "nos encontramos ante el contenido de un auto de conversión en procedimiento abreviado o, incluso, en una sentencia anticipada que evidentemente vela la perspectiva de la instructora hasta el punto de perder la imparcialidad objetiva", ya que "prejuzga la causa y dicta la sentencia sin haber celebrado el juicio y sin tener en cuenta, ni siquiera por referencia, el decreto y la Ley que lo convalida".
El letrado recuerda que la juez tomó declaración a Mellet cuatro años después de imputarlo en la causa y dice que "no es sino hasta ahora cuando" se le impone la fianza civil "y el castigo cruel de la muerte civil mediante la traba del embargo de los bienes por un importe absolutamente desproporcionado, si se tiene en cuenta la legalidad declarada de la póliza".
"FRUTO DEL CAPRICHO"
"La afectación de la medida cautelar a la persona y al patrimonio de Fernando Mellet es indudable", dice el abogado, quien añade que se trata de un auto "arbitrario, que carece de argumentación respecto de la norma que excluye la ilegitimidad de la póliza", y que "es fruto del capricho y de una voluntad convertida en irrazonable".
El letrado asevera que la resolución "es aparente fuente de normatividad sustentada en lo contrario a lo que la Ley expresa".
