SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y subvenciones arbitrarias, ha desestimado un recurso promovido por una de las empresas del dueño de la consultora Uniter, imputado en las actuaciones, contra el embargo de un inmueble inscrito en favor de la primera de las empresas.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, recordémoslo, versa sobre las comisiones excesivas que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros, gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo, muchos de ellos innecesarios, fraudulentos, o carentes del correspondiente trámite administrativo.
Para la juez, "la clave" del aprovechamiento ilícito" de la financiación pública de estos ERE son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente" en la trama, toda vez que José González Mata es el dueño de la consultora 'Uniter', una de las compañías de gestión investigadas en la causa.
El pasado mes de julio, por cierto, Mercedes Alaya acordó abrir nuevas diligencias previas contra el dueño de Uniter, José González Mata, por un presunto delito de alzamiento de bienes a cuenta del cambio de titularidad de una finca del imputado un mes después de que el Juzgado iniciara el proceso de embargo de sus propiedades para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones que le impuso la magistrada. Y es que el imputado, un mes después de que el Juzgado iniciara el proceso de embargo, habría escriturado en favor de la sociedad mercantil Compañía de Tapones Irrellenables S.A. una finca en un presunto intento de eludir el embargo.
Lo cierto es que en todo este procedimiento, el 3 de noviembre mediaba ya un decreto para el embargo de "un bien inmueble de la entidad Cureña", propiedad también de González Mata, siendo recurrido dicho decreto. En su recurso, la representación de Cureña defendía que mientras la juez impuso al imputado una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros, y fijó en 200.000 euros la responsabilidad de la entidad Cureña, "dicha cantidad ya se encuentra consignada y el decreto está ejecutando lo que el juzgado no ha resuelto".
No obstante, esgrime la juez Mercedes Alaya que en un auto de fecha 18 de junio de 2013 ya ordenaba "literalmente el embargo de las participaciones sociales" de González Mata" en empresas como Uniter o Cureña, así como el embargo de estas dos sociedades concretas "y de todos los bienes que integran sus respectivos patrimonios", aspecto que "ampara el embargo acordado en el decreto". Por eso, y a través de un auto emitido el 22 de diciembre y recogido por Europa Press, la juez desestima este recurso de revisión contra el citado decreto y mantiene la orden de embargo ya descrita.
