SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha decretado el embargo de una vivienda unifamiliar propiedad de Rocío Sayago, exsecretaria del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 80.000 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.
Por medio de un decreto dictado el pasado 17 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla embarga a la imputada una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Los Alcores de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
En este sentido, recuerda que ha sido la propia imputada la que ha designado como bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo dicha finca urbana, aportando incluso una tasación pericial de la misma acreditativa del valor de la finca, que supera "en todo caso" la fianza civil impuesta por importe de 80.000 euros.
En consecuencia, el Juzgado de Mercedes Alaya declara a Sayago solvente "por ahora y sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro", dando por concluida la pieza de responsabilidad pecuniaria abierta a tal efecto.
Hay que recordar que la juez impuso fianzas de responsabilidad civil que suman 416.125,12 euros a dos exsecretarias de Guerrero, de los que 80.000 corresponden a Sayago y los 336.125,12 euros restantes a María Ángeles Gala.
La juez imputó a ambas en su declaración del pasado mes de diciembre un delito de tráfico de influencias y tres delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos.
Alaya considera que Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, y Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido "conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, a sabiendas de la absoluta ausencia de procedimiento, y de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos".
"PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE LANZAS SOBRE GUERRERO"
Además, las dos imputadas "serían conocedoras de los numerosos 'intrusos' en pólizas de prejubilaciones" de distintas empresas, tal y como señala este lunes 'Diario de Sevilla'.
La juez también les atribuye haber sido "plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados" y del "presunto tráfico de influencias" del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas sobre Guerrero "y del negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros".
En el caso de Gala, Alaya le imputa haber conseguido, "a través de la influencia ejercida sobre Guerrero y del contacto que tenía con Lanzas", que "su amigo" José Luis Llorente Herrero fuera incluido en la póliza de rentas de la empresa Aglomerados Morell de 6 de junio de 2008, a quien "por mediación" de Lanzas "se le haría en la citada empresa un contrato de trabajo simulado" que supuso un coste para la Junta de 165.585,75 euros.
En relación a Sayago, la instructora asevera que "su indiciario conocimiento de la arbitrariedad en la concesión de las ayudas con total ausencia de procedimiento se vería acreditado además" con el hecho de que, "a través de la influencia ejercida en Guerrero, conseguiría que la empresa de su marido --Coflosur-- recibiera el 5 de marzo de 2004 una ayuda directa a empresa por importe de 60.000 euros".
