SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha reclamado tanto al Parlamento de Andalucía como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) distinta documentación vinculada con la queja elevada a este último órgano en abril por el presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, en relación a los dos autos emitidos en marzo por la juez en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante las presuntas irregularidades.
Esta queja se refería en concreto a dos autos sucesivos dictados por la juez Mercedes Alaya en los que instaba a la Intervención General del Estado a indagar sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento --actual Comisión de Hacienda y Administración Pública-- "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez atiende parcialmente la petición realizada por la defensa de los exdirectores generales de Administración y Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela para que solicitara al Parlamento la remisión del escrito de queja remitido por su presidente al CGPJ y el informe de los letrados del Parlamento que sirvió de base o apoyo jurídico al mismo.
Tras ello, la magistrada ha señalado que en el Juzgado consta la queja remitida por el Parlamento pero no el informe de los letrados al que se alude ni la resolución del CGPJ que puso fin a la queja, por lo que libra oficio tanto al Parlamento como al CGPJ para que remitan una copia de ambas resoluciones.
La defensa de Pablo Millán y Juan Vela pidió a la juez que requiriera al Parlamento el escrito presentado por su presidente al entender que su contenido "sería relevante a los efectos de poder ejercer el derecho de defensa", pues sería "especialmente relevante la incorporación a las actuaciones" del escrito "de una autoridad tan cualificada en materia parlamentaria como el propio presidente".
A juicio del abogado de los imputados, Manuel Gracia "rebate" en su queja "las afirmaciones de la juez en relación a la complejidad del lenguaje presupuestario y a la posible falta de entendimiento del mismo por los parlamentarios", una cuestión que "resulta relevante a los efectos del presente procedimiento, tal y como pone de manifiesto el propio hecho de que su señoría haya aludido en numerosas ocasiones a dicha circunstancia".
LA QUEJA
Hay que recordar que el CGPJ comunicó al presidente del Parlamento que "no aprecia anomalía o irregularidad alguna" por parte de la juez en relación con la queja que elevó "en defensa de la inviolabilidad del Parlamento en el ejercicio de sus funciones" en relación con los dos autos en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante las irregularidades.
Según el órgano de gobierno de los jueces, del informe remitido por Alaya "se desprende que la finalidad de estas diligencias no es, en ningún caso, derivar responsabilidad al Parlamento andaluz, a su Comisión de Economía y Hacienda o a algunos de los parlamentarios en concreto que la integran", sino que únicamente "obedecen a la tesis sostenida" por alguna de las defensas para garantizar el "derecho a la tutela judicial efectiva sin mermar el derecho de defensa de los imputados".
